Al declarar como imputado colaborador, Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, reconoció ayer que los cuadernos con anotaciones sobre supuestos sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo eran suyos y luego participó junto al fiscal federal Carlos Stornelli de dos allanamientos en los que se habrían buscado los originales sin éxito.

El hombre, que se acogió a la figura del "arrepentido", declaró en los tribunales federales de Comodoro Py en horas del mediodía y, al finalizar, Stornelli aseguró que "aportó mucha información", pero no dio detalles sobre el contenido porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Centeno reconoció ante la Justicia que eran suyos los cuadernos en los que registraron los retiros de bolsos con dinero de empresarios y su distribución en domicilios de ex funcionarios del gobierno kirchnerista durante casi diez años.

Al término de la audiencia en Retiro, el ex chofer se trasladó junto a Stornelli a su vivienda en la localidad bonaerense de Olivos, donde se llevó a cabo un allanamiento que habría tenido como objetivo principal encontrar los cuadernos originales, ya que a la Justicia habrían llegado copias.

"No hay palabras. Hay secreto de sumario", se limitó a señalar Stornelli ante la prensa, luego de participar del primer allanamiento en la casa donde Centeno convivió con su ex esposa hasta 2016.

El segundo operativo tuvo lugar en una propiedad del cuñado del ex chofer ubicada en Bella Vista, cuyas llaves estaban en el domicilio de Olivos: allí, Stornelli arribó junto a funcionario judiciales y efectivos policiales, mientras que Centeno se quedó en el primer domicilio con custodia.

En tanto, los empresarios detenidos por el escándalo se negaron a declarar ante el magistrado, quien los acusó del delito de asociación ilícita. Fuentes judiciales informaron a NA que todos los empresarios prefirieron no exponer ante el magistrado, entre ellos el ex CEO de IECSA, Javier Sánchez Caballero; el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; y el titular de Electroingenieria, Gerardo Ferryera. También se negaron a declarar Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson de Grupo Albanesi, y Carlos Mundin, de BTU S.A.

Según la acusación que le leyó a cada uno de los doce detenidos que desfilaron por su Juzgado, la asociación ilícita funcionó "aproximadamente entre 2008 y noviembre de 2015" y su finalidad fue "organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo".

"La asociación fue comandada por Cristina y Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la Nación", indicó en la acusación el juez.

Según los investigadores, "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados" y algunos de los destinos fueron la calle Uruguay 1306 y Juncal 1411, este último el inmueble de Cristina Kirchner en la Capital Federal; pero también "en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno".

Además, se estableció que la asociación ilícita fue organizada por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz por otra causa en su contra. "La maniobra fue organizada por Julio De Vido y Roberto Baratta, quienes se encargaban de realizar los cobros indebidos", sostiene la acusación.

Para el juez, los cuadernos con las anotaciones que hizo Centeno entre 2005 y 2015 son una "verdadera bitácora del delito".

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