El juicio de extradición a Chile contra el referente mapuche Facundo Jones Huala comenzó ayer y se estima que su situación se definirá en un máximo de 72 horas.

En el arranque del proceso, Jones Huala negó los delitos que se le atribuyen en el país vecino y aseguró que es un "preso político". El juicio comenzó pasadas las 10 en la sala montada en el gimnasio municipal 3, de Bariloche, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

"Este no es un juicio de extradición, sino un procedimiento político. Soy un prisionero político, tanto para Argentina como para Chile", sostuvo el dirigente de la comunidad mapuche.

En Chile, se lo acusa de haber participado en un incendio ocurrido en Pisu Pisué el 9 de enero de 2013, de la tenencia ilegal de armas caseras y el ingreso irregular a ese país.

Al declarar, Jones Huala admitió haber integrado "en algún momento" el grupo mapuche RAM y haber sido "combatiente" de la Coordinadora Arauco-Malleco.

"En estas situaciones de conflicto político-territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en algunas acciones de sabotaje, no el que se me indica en este caso específico", señaló el referente mapuche ante el juez federal Gustavo Villanueva.

Y agregó: "No me importa morir por mi gente, o seguir preso como hasta ahora. Esa es la enseñanza de nuestros mayores, quienes nos impulsan a seguir luchando por la recuperación de nuestras tierras".

Su abogada defensora, Sonia Ivanoff, solicitó incorporar como prueba el informe de la RAM presentado en 2017 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que vincula a Jones Huala como líder de esa organización y remarcó que ese documento "corrobora la persecución política".

En tanto, el fiscal federal Jorge Bagur Creta dijo que la presentación era "improcedente", al argumentar que ya venció el plazo para aportar pruebas y quedaba en manos del juez Villanueva la decisión final. Tras el turno de Jones Huala, restan los alegatos y se calcula que el viernes se conocerá el futuro del dirigente mapuche.