La reforma previsional aprobada esta semana en el Congreso introduce no sólo un cambio en la fórmula de movilidad que perjudicará a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando cobren el aumento de marzo, sino también en la tasa de sustitución que determina el haber inicial al momento en el que un trabajador activo se retira, la cual será recortada en unos 20 puntos, según denuncian los abogados y representantes de la oposición. Por ejemplo, para un empleado que gana 15.000, pasará a cobrar $6.000 en lugar de $9.000 cuando pase al sector pasivo.

Actualmente, los jubilados cobran entre el 57% y el 65% en relación al ingreso promedio que tuvo en los últimos diez años. Con la nueva ley se modifica ese cálculo, al cual se acota a una tasa de entre 37 y 45 por ciento, es decir, en torno a un 33% menos.

Esta fue una de las principales críticas por parte de la oposición al momento de tratar la ley en el recinto, al margen del recorte de entre $60.000 y $100.000 millones que se espera con el cambio de fórmula, que fija una suba del 5% en marzo en vez del 13% que tendrían los haberes si se mantuviera la norma vigente.

En ese sentido, los amparos que ya empezaron a presentare en la Justicia para declararla inconstitucional, ponen el foco en el artículo 3 de la ley sancionada que, tal como denunció el martes a la madrugada la diputada Vanesa Siley "no solo está mal redactado, sino que además es ilegible para el común del pueblo".

"Significa que si hoy cualquier trabajador o trabajadora en actividad se jubila con un promedio del 60 o 65 por ciento de su salario, con la aplicación de este índice combinado más el Ripte, se va a jubilar a futuro con un 37, 40 o 45 por ciento de su salario", denunció Siley.

El amparo presentado ayer por el abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor advierte que "en este articulo se establece una novedad de enorme trascendencia para los trabajadores activos, cual es, que los salarios con que se efectúa el promedio salarial del que surgirá el haber inicial de los futuros jubilados ya no se efectuará por la ley de movilidad".

En su lugar, se utilizará un índice combinado que figura en la ley de Reparación Histórica: el Nivel General de las Remuneraciones (INGR) para el período 1991-1995, el Ripte para el lapso 1995-2008 y el de movilidad sancionado en 2008 a partir de ese año en adelante.

"Como es reconocido por el propio gobierno, ese índice implica una quita muy importante", reza la presentación judicial.

Esto es un problema si se tiene en cuenta que el Ripte perdió contra la inflación durante los últimos dos años, ya que mientras los salarios formales subieron 59%, los precios escalaron 71%, lo cual da una diferencia de 12 puntos.

A eso hay que sumarle los 9 puntos que perderán los jubilados en marzo, cuando los haberes comiencen a ajustarse por inflación y no por salarios y recaudación, por lo que el recorte sobre el haber inicial totaliza unos 20 puntos.

Asimismo, el amparo plantea que hay una "palmaria desigualdad ante la ley ya que mientras a los trabajadores activos se los trata de una forma a los trabajadores pasivos se los trata de otra, cuando la razonabilidad de la cuestión indica que corresponde una solución idéntica en ambos casos".

La justicia aceptó unificar las causas

■ El juez Fernando Strasser aceptó un pedido de la Anses y todas las presentaciones que se hagan contra la reforma previsional quedarán unifi cadas en una única causa. Así, se tratará el expediente como una demanda colectiva.

Según informó el canal C5N, Strasser tomó la decisión a partir de la solicitud del organismo. Se espera una lluvia de amparos y pedido de inconstitucionalidad contra la nueva ley que generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y de la sociedad.

Luego del amparo que presentó el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, ayer se sumaron al menos otros dos presentados por abogados previsionalistas que buscan frenar la reforma, ambos argumentados con datos del CEPA.