La Corte Suprema estadounidense solicitó ayer una opinión no vinculante a la administración de Donald Trump respecto a si la demanda de un fondo buitre iniciada contra del Gobierno argentino por la expropiación de YPF debe tramitarse en los tribunales norteamericanos. De esta manera, se estiró una definición sobre la demanda que podría costar unos u$s3.000 millones en concepto de indemnización en caso de que la justicia de ese país finalmente le de la razón a los demandantes.

El litigio fue iniciado por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que consideró que fue perjudicada cuando Cristina Kirchner acordó un pago de u$s6.000 millones a Repsol luego de la estatización de la petrolera y no extendió esa oferta a los accionistas minoritarios. Más tarde, el juicio fue adquirido por la firma Burford Capital, que es la que actualmente lo lleva adelante.

Ayer el máximo tribunal de ese país resolvió pedirle su postura al "General Solicitor", jefe de los abogados del Estado, y así el Ejecutivo ganó tiempo ya que la respuesta podría demorarse hasta las elecciones presidenciales, estimó Sebastián Maril, de Research for Traders.

La estrategia de la Argentina consistió en tratar de llevar el juicio fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, en las dos primeras previas el país obtuvo fallos en contra y la única carta que quedaba era la de recurrir a la Corte Suprema.

La opinión del General Solicitor no es vinculante pero en los últimos años en las dos ocasiones en que el máximo tribunal tomó esa decisión, finalmente aceptó los casos, más allá de que la sentencia finalmente fue negativa. En los otros dos casos, directamente rechazó tratarlo, recordó Maril.

"Lo más probable es que el Gobierno de Trump se expida antes de las elecciones argentinas. El plazo estará entre los dos y los ocho meses. Una vez que lo haga, la Corte dicta el fallo inmediatamente", puntualizó el experto.

Lo cierto es que el tribunal no resolverá sobre la cuestión de fondo, es decir, si corresponde o no pagarle indemnización a Bruford. Eso quedará para los jueces de primera instancia, si la Corte considera que debe tratarse en territorio norteamericano, en un proceso que llevaría entre 6 y 24 meses. En caso contrario, no ordenará cuál debe ser la jurisdicción en la que se trate: sólo se limitará a negar la jurisprudencia estadounidense.

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