La defensa de la senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que acudirá a organismos internacionales de derechos humanos a los fines de denunciar y para que se investigue, un presunto Lawfare –guerra jurídica– contra la ex presidenta quien desde hace tiempo viene siendo arrinconada por la justicia mediante un aluvión de causas judiciales, en varias de las cuales se encuentra procesada y con pedidos de desafuero.

El recurso que llevará a cabo el abogado Gregorio Dalbón, fue dado a conocer luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera acusar a la ex jefa de Estado de 913 hechos de sobornos en el marco del expediente conocido como los “cuadernos de Centeno”, en que se investigan presuntas coimas en la obra pública.

“Lo que hizo Stornelli es una presentación para la tribuna porque adjudicarle 933 hechos a Cristina es algo que no sucedió ni siquiera” con los genocidas (Jorge Rafael ) “Videla, ni (Emilio Eduardo) Massera”, señaló el letrado al ser consultado por BAE Negocios, tras lo cual advirtió que el hecho de “acudir a los organismos internacionales lo tenemos claro desde el mismísimo momento del inicio de las causas” contra la principal dirigente de la oposición, “y no solo porque hay una persecución, un Lawfare que tiene que ser puesto en blanco sobre negro por un organismo de derechos humanos que contenga a la Argentina como nación participe como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en su momento la Corte Interamericana y algunos otros europeos”.

En referencia a recurrir a dichas instancias supranacionales, dijo que lo harán “en el momento oportuno” y que se encargará “personalmente” de hacer esas  presentaciones.

“Generalmente cuando se acude a estos organismos internacionales es porque está el recurso de la Corte terminado y recién ahí se tiene la posibilidad de hacer una denuncia ante por ejemplo la CIDH, pero para nosotros eso resultaría un momento tardío porque no podemos seguir sosteniendo la arbitrariedad que existe desde el punto de vista jurídico para con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, porque no podemos sostener por ejemplo, que el abogado Carlos Berarldi no haya podido ingresar al lugar de allanamiento de su domicilio o sostener que haya habido un amedrentamiento”.

Dalbón señaló que “la orden de allanamiento no decía que se tenían que secuestrar pertenencias del ajuar íntimo de la senadora, sin embargo secuestraron elementos que tenían que ver con su vida personal o como presidenta”, pero además, “se rompieron lugares que no tenían necesidad de romperse” porque las fuerzas de seguridad involucradas en esas acciones judiciales contaban con scanners “que pueden traspasar paredes dobles. Estos avasallamientos hicieron que el debido proceso y las garantías de defensa en juicio se hayan avasallados”, consideró.

“A la Comisión Interamericana generalmente los juristas nos remitimos cuando hay una causa terminada en Argentina y vemos que tiene un resultado injusto y que atenta contra el Estado argentino” lo cual dijo, “no es el caso de la senadora” quién aún “no tiene una sentencia o una condena la cual queramos sea revisada por un organismo internacional porque consideramos que es arbitraria o que se están avasallando sus derechos humanos a través de una sentencia condenatoria” sino más bien “por  la falta del Estado de derecho” en el país “que se transmite en nuestro caso en particular, en la violación al debido proceso”, es decir “a la falta de garantías y defensa en juicio, que nuestra Constitución y el pacto de San José de Costa Rica -entre casi todos los pactos añadidos al articulo 75 de nuestra carta magna-, nos dan por sentado que una persona puede ser investigada, con lo que no tenemos ningún inconveniente, pero de ninguna manera puede ser avasallado su derecho de defensa”

Dalbón subrayó que “una persona está en estado de indefensión cuando a sus abogados no los dejan actuar y cuando todas las resoluciones salen primero en los diarios de gran tirada notificándonos de lo que va a suceder al otro día” lo cual consideró que está sucediendo, por lo cual este “Lawfare, al menos a mi criterio, tiene que ser denunciado previamente al avance de las causas”.

Tras recordar que esa situación de “guerra jurídica” ya se aplicó en países como Ecuador, Nicaragua, Paraguay o Brasil, el abogado destacó que el “Lawfare ya está en Argentina” y lo “vamos a denunciar antes de que eventualmente Cristina pueda tener una condena”

“Las causas distan mucho de ser normales, por lo que estamos trabajando la idea, tampoco nos queda mucho tiempo, pero no vamos a adelantar la medida a la prensa, tal como lo hacen los jueces en Argentina” por lo que “una vez que esté la denuncia en manos de las personas que van a participar del estudio del Lawfare, recién ahí lo haremos público”, pero antes veremos que dice la Cámara y hasta donde piensan llegar”, precisó.

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