La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió ayer apelar el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo por 50 millones de pesos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por presunta traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA en el marco del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Igual camino siguieron el ex canciller Héctor Timerman, con arresto domiciliario por razones de salud, y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el supuesto representante iraní en Argentina, Jorge Khalil, detenidos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza respectivamente.

El martes, el detenido ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini también decidió apelar su procesamiento con prisión preventiva, mientras que el dirigente piquetero Luis DElía hizo otro tanto en relación al rechazo a su pedido de excarcelación.

En el caso de Cristina, la presentación fue realizada por sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, por lo que ahora Bonadio deberá remitirlo a la Sala II de la Cámara Federal porteña, junto a las presentaciones de los restantes procesados.

"La resolución cuestionada pretende acreditar circunstancias que nunca existieron, como la reunión" que se dice tuvo lugar "en Alepo, que nunca existió ni puede por tanto ser probada y resulta de una operación de inteligencia en verdad destinada a frustrar la superación de la controversia del caso", sostuvo Cristina en el escrito, en el que además acusó de "falso" que el Memorándum de Entendimiento con Irán haya obstaculizado el accionar de la justicia.

Por su parte, Timerman, además de apelar el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo, sumó la apelación del rechazo a su pedido de excarcelación firmado el martes por Bonadio.

La defensa del ex canciller advirtió que no existe argumento para decretar su detención, puetso que siempre estuvo a disposición de la justicia.

El juez, quien se jubilará en 15 días, también había procesado pero sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, a los ex jefes de la AFI Oscar Parrilli y Juan Martín Mena; así como también a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, al diputado nacional Andrés Larroque y al ex espía Allan Bogado.