El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido declaró por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz en la causa por supuestas irregularidades en la ampliación de gasoductos en el país, luego de que Odebrecht admitiera haber pagado sobornos para acceder a la obra.

Así lo confirmaron los abogados del ex funcionario, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes remarcaron que De Vido insistió ante el juez federal Daniel Rafecas en que "no existe ni acción ni omisión" de su parte en el desarrollo de lo que públicamente se conoce como la "Ampliación Gasoductos TGS y TGN 2006/2015".

"Ningún tipo de intervención ha tenido en el marco de los trámites correspondientes a las obras que fueran asignadas a la empresa privada Norberto Odebretch, hace ya más de 12 años", señalaron los abogados en un comunicado.

Se trata de una de las causas del escándalo con la empresa brasileña, en la cual Rafecas investiga a ex funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública por la cesión de las obras a esa firma, ya que el tramo en el que sospecha que hubo pago de sobornos quedó a cargo de su colega Marcelo Martínez de Giorgi.

Puntualmente, a De Vido se lo acusa por el direccionamiento de las obras en favor de Odebrecht, que en el país admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos para acceder a distintas obras públicas.

Rafecas citó al ex funcionario por haber "creado el marco normativo" para que desde la Secretaría de Energía "en negociación" con Odebrecht se procediera al llamado a "licitación privada".

En su descargo De Vido hizo un análisis de las especificidades del mercado de energía, en particular "la coyuntura propia de los tiempos posteriores a la crisis de los años 2001-2002 con tarifas planchadas, pesificación, y renegociación de los contratos de servicios públicos", informaron sus abogados. "Es así que cometen un primer error los acusadores al imputarle algún tipo de responsabilidad sobre competencias que no le eran propias ni formaban parte de su ámbito de ejecución, cosa que está clara en los decretos del PEN", agregaron.