Con duros cuestionamientos a la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini y al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, el fiscal federal Jorge Di Lello emitió ayer un dictamen en el que le sugirió a la Cámara Nacional Electoral revocar la intervención del Partido Justicialista a nivel nacional por entender que la medida dispuesta por la magistrada careció de "fundamentación jurídica" y se basó en cuestiones "arbitrarias".

"No puede soslayarse que los fundamentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional", sostuvo el fiscal al referirse a la intervención.

En otro tramo señaló como "caprichoso y antojadizo" el accionar de la jueza, consideró como "débiles" los argumentos esgrimidos por ésta, entre ellos los que daban cuenta de que "reconocidos dirigentes" apoyaron "candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el justicialismo no formó parte" ó que se postularan "como candidatos de esas agrupaciones", lo que según Di Lello en lugar de configurar un análisis jurídico, fueron opiniones "políticas" que "provocan una intromisión injustificada en la vida interna partidaria".

Respecto al párrafo en que Servini llamó a "forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta" al PJ Nacional "en la actualidad", el fiscal consideró el argumento de "antojadizo", precisamente porque el espacio "se encontraba conducido por autoridades elegidas en el seno partidario a través de un proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2016, convalidado por la Justicia Electoral oportunamente, con mandato en curso hasta el año 2020".

"Tal órgano se encontraba en pleno funcionamiento y bajo el contralor de esa misma Magistratura, resultando cuanto menos llamativo el tenor de la disposición cuestionada", prosigue el fiscal, quien en otro tramo, entendió que "la sentencia no tuvo en cuenta el carácter restrictivo con que debe decretarse la intervención judicial, lo que implica una gravedad institucional sin precedentes, y a la que solo tiene que acudirse en situaciones límites".

Di Lello entendió además que Barrionuevo, quien significativamente se llamó a silencio en los últimos días luego de afirmar que se mantendría al frente del justicialismo hasta 2019, "difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere", teniendo en cuenta que "no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas" por la magistrada, lo que le impedirá "llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida".

El funcionario consideró también como "inadmisible" que la jueza no le haya pedido opinión antes de disponer la intervención, cuestionó la "nula producción de prueba", y finalmente solicitó se "revoque la sentencia que dispone la intervención" del PJ y "la nulidad de todo lo actuado en consecuencia".

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