El Gobierno espera una escalada violencia en el conflicto con la RAM, mientras avanza en búsqueda de una solución por la pelea de la usurpación de las tierras de las comunidades originarias, en especial, con los mapuches, tras la muerte del joven Rafael Nahuel.

Desde el Ejecutivo se encaró la cuestión a través del diálogo con los gobernadores de las provincias afectadas, Alberto Weretilneck, de Río Negro; Omar Gutiérrez de Neuquén, y Mariano Arcioni, de Chubut. El ministerio del Interior, mediante su titular Rogelio Frigerio, inició una serie de contactos con los mandatarios que culminará con un encuentro en la Casa Rosada, probablemente para antes de fin de año. En los próximos días, los gobernadores estarán enfocados en cuestiones parlamentarias de sus provincias, como la aprobación del Presupuesto 2018. "Esta semana seguramente no será el encuentro. Esperamos que se reúnan en las próximas semanas", afirmaron desde la cartera que conduce el ministro. Los ejes el futuro encuentro pasarán por trabajar en "delinear ejes sobre las mismas premisas, darle elementos a la Justicia, compartir información y avanzar en los relevamientos de las comunidades", confiaron fuentes oficiales.

Gutiérrez fue es primer mandatario que se acercó al Ejecutivo a plantear la preocupación por el conflicto con las comunidades en septiembre pasado. Existen entre 300 y 400 causas judiciales de reclamos de tierras, de la que hay algunas con sentencias firmes, pero la Ley 26.160 suspende los desalojos hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.

Otro conflicto de tierras preocupa también a la Casa Rosada. Siguen con atención la actual situación de la toma de tierras de las comunidades mapuches en la zona de explotación de la petrolera YPF en Vaca Muerta. Tanto en Loma La Lata como en Loma Campana están instaladas la comunidad Campo Maripe y la comunidad Kaxipayiñ. Unos 14 pozos petroleros están tomados por los mapuches. Según las cifras que maneja en Balcarce 50, la petrolera perderá 70 millones de dólares por la toma de los establecimientos. Las pérdidas por la extracción de gas suman unos 21 millones de dólares y la provincia de Neuquén no percibirá 3,73 millones de dólares por regalías en lo que va del año, según datos de YPF.

Según datos aportados fuentes oficiales, la comunidades indígenas de todo el país serían entre 1.3000 a 1.4000 -reclaman 8 millones de hectáreas, lo que significan unos 80.000 kilómetros cuadrados.

El Gobierno divide el conflicto con los mapuches, por un lado, en la cuestión de la violencia identificada a través del grupo RAM; y por otro, la pelea por la usurpación de las tierras. Tras la muerte de Rafael, se creó una mesa de diálogo de la que participan la Iglesia, organizaciones de Derechos Humanos, miembros de la comunidad mapuche y el Estado, este último con representación del INAI, bajo la órbita de la secretaría de DDHH, que conduce Claudio Avruj. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que investiga la muerte del Rafael, debe tomar una decisión en las próximas semanas sobre la extradición a Chile del líder de la RAM, Jones Huala. El Gobierno cuestiona al magistrado por la lentitud para llevar adelante la investigación. "El juez se dilata en tomar pruebas", cuestionan desde el Ejecutivo. Por otro lado, temen que la posible decisión de Villanueva de aceptar la extradición de Huala incremente la violencia en el sur del país.

  • Repudio de la Iglesia

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de la Iglesia formuló un llamado “urgente” a “las autoridades del Estado” para que cese “la utilización irracional del aparato represivo contra comunidades indígenas”.

Con la adhesión de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (Cepa), la organización expresó su “repudio enérgico” a los actos ocurridos en la Patagonia y denunció como hechos “violatorios de los derechos esenciales de las comunidades indígenas”.