El Gobierno insistió ayer en una conferencia de prensa en apuntar a la responsabilidad de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) por el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el que murió el joven Rafael Nahuel en Villa Mascari, a 35 kilómetros de la ciudad de Bariloche.

Fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la que aseguró que "hay grupos violentos que no respetan la ley", por lo que consideró apropiado el accionar de la Prefectura durante los hechos ocurridos en el sábado cuando intentaron desalojar la zona del Lago Mascardi. Otro de los encargados de defender la versión oficial -además de Bullrich- fue el ministro de Justicia, Germán Garavano. Paradójicamente convocaron a una rueda de prensa en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada para dar el "pésame" a la familia del joven asesinado.

La funcionaria respaldó la represión del grupo Albatros de Prefectura ante "grupos que toman la violencia como una acción política" en el marco de una decisión judicial dispuesta por el juez federal, Gustavo Villanueva. "A través del juez, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción violenta e inaceptable para la democracia", destacó Bullrich secundada por Garavano.

Según ambos ministros, las fuerzas de seguridad tuvieron que enfrentarse con grupos que tenían "armas de grueso calibre". Estas afirmaciones contradicen las versiones de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul sobre la existencia de grupos armados.

En cuanto a la posibilidad de diálogo que viene manteniendo el magistrado con la organización mapuche, el titular de Seguridad descartó esa posibilidad con "grupos violentos". "Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden ilegal. Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros no tenemos ningún límite más que la Constitución. No vamos a aceptar ninguna orden que dé vuelta los valores del Estado de Derecho. Si las fuerzas de seguridad están frente a un delito, tienen que actuar", afirmó.

Por su parte, el ministro de Justicia resaltó que "no se puede permitir la violación de la ley ni la extorsión como modo de vulnerar la ley y poner en crisis el Estado de Derecho". Para el criterio del Gobierno, las fuerzas de seguridad procedieron de manera legítima, pese a que durante la represión contra los integrantes de una comunidad mapuche murió un joven de 22 años, que nada tenía que ver con la organización RAM.

El sábado pasado el equipo Albatros de la Prefectura avanzó sobre territorio del parque nacional Nahuel Huapi sobre la ruta 40 que ya se había intentado desalojar el jueves pasado. Durante el avance de las fuerzas de seguridad, fue asesinado Rafael con un disparo de una pistola 9 milímetros, como las que usa ese grupo de seguridad.

Antes de la conferencia de prensa, el jefe de gabinete convocó a una reunión de urgencia para analizar el estado de situación a raíz de la muerte de Rafael Nahuel. Citaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la Casa Rosada para escuchar su posición con respecto a la toma de tierras de las comunidades mapuches. En la mesa para escuchar al mandatario provincial se sumaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, además de Bullrich y Garavano. Por ahora no está previsto que convocaron en lo inmediato a otros gobernadores de la región en conflicto.

Carácter de verdad

En la conferencia, Bullrich defendió el informe de la Prefectura, fuerza que tuvo a su cargo el desalojo, y dijo: “‘Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas... Le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad’.

La ministra le achacó al juez Villanueva la decisión de respetar cuatro días de duelo por el joven muerto el sábado y no ingresar al lugar para iniciar los peritajes.

“Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio, nosotros entraremos a todas las partes del territorio argentino. No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, sostuvo.