En su momento político más incómodo desde 2015 a la fecha y aún minimizando su coyuntura económica el Gobierno apostó a jugar un nuevo capítulo de la reforma laboral. Ante una oposición donde el peronismo, en su eterno debate de identidad y escalones más abajo el sindicalismo tímido, sienten que hay terreno para plantar alguna bandera y los más optimistas estiman que varias.

Si de datos durísimos se trata en el PJ los más optimistas consideran que la Casa Rosada "no mensura la situación" y acotan "tienen el conflicto por las tarifas sin resolver y a los gobernadores buscando agenda para marcar su enojo con la Rosada".

Al recorrer fuentes los entendidos en derecho, política y latín de la oposición acuñan una frase que resume la reforma laboral en "incómodas cuotas". La síntesis consiste en la sentencia "pacta sunt servanda" (los pactos deben honrarse) y hay algunos mensajes públicos en tal dirección, sutiles claro. Para quienes interpretan "el momento" de las señales políticas la intención del Gobierno se cristalizó en la previa del "Día de los Trabajadores", cualquier adicional a la cita parece exceso.

Las iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo ingresaron en la noche del viernes a la Cámara alta y arribarán a la comisión de Trabajo y Previsión Social el miércoles, cuando se reanude la actividad en el Congreso, incluyen cirugía a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). (ver Página 13)

Las organizaciones sindicales subrayaron en rojo el articulado para excluir del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

Más allá de la cauta apreciación del jefe de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez que aceptó, en diálogo con Radio 10, el existente acuerdo en parte del blanqueo laboral que implicaba la capacitación y formación de los trabajadores "y la creación de una agencia nacional de salud".

En el ministerio de Trabajo reiteran, desde antes de la reforma previsional, que las modificaciones a la LCT son cuestión de tiempo, pero "llegarán" y confían que será el mejor fluído para germinar empleo registrado, ante cada consulta sobre los números del escenario laboral mes a mes.

Por otra parte en el Ejecutivo consideran que "bajar costos laborales" también mejorará su relación con los empresarios que respaldaron su llegada al poder. Una apuesta, para un Gobierno que gusta de jugar sobre el paño sus posturas aún con proporción de acierto error en un 50%.

Respecto al blanqueo, el abogado laboralista Julián Hofele le consignó a BAE Negocios que hay algo más que una jugada casual y sí de riesgo para los trabajadores. "Es un caballo de batalla que asocian al mismo proyecto de modificaciones indemnización, posibilidad de renuncia de acuerdos individuales, posibilidad de que se acuerde por convenio fondo de cese y eliminación de las multas por empleo en negro en favor del trabajador", con lo cual consideró que hay puntos para refutar argumentos y espíritus, si la oposición se lo propone".

Hofele estimó que la jugada de ingresar la iniciativa por la Cámara alta está dada por la confianza del oficialismo de lograr allí una media sanción. "Lo importante es dejar en claro que se hablará hasta el cansancio del blanqueo cuando está comprobado que eso no sirve para enfrentar y mucho menos resolver los problemas del empleo no registrado". Para el letrado sólo se restringen derechos del trabajador y se amplían facultades de los empleadores, "que no tendrían mayores consecuencias a futuro si contratan en negro y se les perdona lo que tengan hoy no registrado si se incorporan al blanqueo".

El juego de seducción de la Casa Rosada hacia los sindicatos sin embargo se encuentra para otro abogado laboralista, Luis Roa, de la agrupación de letrados Norberto Centeno, en el punto del proyecto que propone la creación de una agencia de tecnología médica buscando reducir el nivel de litigiosidad que enfrentan las obras sociales sindicales. Para Roa en la apertura de una canasta de prestaciones médicas, en similitud con otros modelos de latinoamérica, hay un envite para determinados sindicatos respecto de por un lado, mantener el manejo de las obras sociales pero con una reducción de costos y litigios considerable.

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