Las clases están lejos de empezar y se reactiva el conflicto docente por la firma de un decreto que le saca poder a algunos sindicatos y ratifica la disolución de la paritaria nacional. El año pasado fue uno de los de mayor cortocircuito entre el Gobierno y los maestros ante la falta de un acuerdo por los aumentos en el sector, que llevó a varios meses de paros y protestas en las calles, incluida una carpa itinerante frente el Congreso que luego recorrió otras provincias. El presidente Mauricio Macri siempre tuvo un discurso muy duro contra los maestros que hacen paro. "Los gremios docentes en vez de dar el ejemplo y cumplir las normas, violan las normas y, como reacción a que violaron las normas, hacen un día de paro", se había quejado el jefe de Estado en abril pasado en una charla con emprendedores.

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 52/2018 de seis artículos en el que decide eliminar la posibilidad de una paritaria nacional docente fijada por la ley 26.075 de Financiamiento Educativo, tal como quiso implementarse en 2017 y que llevó a un largo conflicto docente.

Con la firma de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Trabajo, Jorge Triaca, la norma justifica los cambios en la discusión salarial por la necesidad de "establecer nuevos criterios de relación".

Como contrapartida, la Casa Rosada resolvió además fijar por decreto que el salario mínimo docente "no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil vigente". Esta disposición había sido firmado por Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación en febrero de 2016, y cada provincia debía cerrar su paritaria. Pero el acuerdo no estaba reglamentado. Ahora ya podrá ponerse en funcionamiento. Para que no haya nuevos conflictos alrededor de este tema, el Gobierno dejó en claro con este decreto que no hay ninguna posibilidad de una discusión salarial a nivel nacional.

"Es un decreto que no es contra nadie, solamente es para ordenar un montón de cuestiones que estaban confusas y que no estaban normativamente aclaradas", justific ó Finocchiaro en declaraciones radiales a las pocas horas de publicada la normativa. Según el ministro lo que se hizo "fue poner blanco sobre negro, ordenar y explicar que si usted me pide algo que no existe y yo no se lo puedo dar, siempre va a haber un problema".

Otro de los puntos que desatará el enojo de los gremios será el artículo relacionado con la participación gremial, que afecta especialmente a Ctera, conducida por Sonia Alesso. "La representación de los trabajadores docentes del sector público será ejercida por un miembro de cada asociación sindical", resalta el decreto.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina es el sindicato de mayor extensión nacional por la cantidad de docentes. Casi el 50% de del millón de maestros está afiliado a este gremio, de los cuales el 35,5% pertenecen a la provincia de Buenos Aires, el distrito más duro en la negociación salarial con la gobernadora María Eugenia Vidal. Ctera representa a más de 420.000 trabajadores de todas las provincias. En la mesa de negociación nacional tiene nueve representantes, mientras que los otros sindicatos con presentación nacional tienen un delegado (Amet, Uda, y Sadop). El gremio de Alesso está alineado políticamente a la CTA que conduce, Hugo Yasky, quien viajará a la Organización Internacional del Trabajo, para denunciar el decreto de Macri.