"Nos dejaron los ceniceros llenos de puchos, mugre por todas partes, la heladera vacía, arrancaron las placas identificatorias y bajaron los cuadros de Perón, Evita, Néstor y Cristina, no se puede tener tanta maldad", se quejó el reasumido presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, al ingresar a la histórica sede partidaria de Matheu 130, la cual desde hace cuatro meses se encontraba intervenida por disposición judicial.

Ayer, a las 13.26, faltando cuatro minutos para que venciera el plazo que le había impuesto la jueza María Romilda Servini, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, quien había sido designado como interventor por esa misma magistrada, se apersonó ante el tribunal para hacer entrega de las llaves, los libros de actas y contables pertenecientes al justicialismo.

Pasadas las 16, Gioja se apersonó hasta la sede del PJ para tomar posesión del inmueble, acompañado por una escribana y por la apoderada partidaria, quienes se encargaron de realizar un inventario.

"Los oficiales de justicia nos entregaron las llaves sin ningún tipo de violencia, sin incidentes y como corresponde", dijo Gioja en diálogo con BAE Negocios, tras lo cual agregó que luego de realizar "una revisada por arriba", advirtieron los faltantes.

Dispuesto a mirar hacía adelante, el sanjuanino ratificó la convocatoria para el próximo 16 de agosto del "Consejo en pleno, los presidentes de los partidos Justicialista de los 24 distritos y la Comisión de Acción Política, ocasión en la que fijaremos un cronograma de trabajo" y "realizaremos un análisis de situación del peronismo, convocando a todos, abriendo las puertas de par en par".

"Quiero concentrar todos los esfuerzos en trabajar por la unidad partidaria para que el 10 de diciembre de 2019 el peronismo vuelva a poner a un Presidente que atienda y entienda al pueblo argentino, conozca sus necesidades y respete sus derechos", agregó el dirigente.

Con la restitución de las llaves y la recuperación de la sede, se terminó de desenredar una insólita medida judicial dictada en base a argumentos políticos más que jurídicos y la cual por espacio de cuatro meses, mantuvo en jaque a la principal fuerza política de la oposición.

Respecto al accionar de la cuestionada magistrada, fuentes partidarias señalaron a este diario que evalúan "avanzar con una denuncia por prevaricato contra Servini debido a la flojedad del fallo", medida que de concretarse, "serviría después para abonar su juicio político".

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