En el primer acercamiento que tuvo en junio el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con la directora del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Christine Lagarde, la francesa ironizó sobre el equipo económico que lo acompañaba: "Se quedaron cortos de mujeres", observó y el comentario sirvió para exorcizar lo que los feminismos denuncian desde el inicio de la gestión de Cambiemos: el Gobierno no sólo relega a las mujeres en los espacios de decisión sino que el desinterés por la diversidad de géneros es también económico y alcanzado por el ajuste. El proyecto del Presupuesto 2019 que el Congreso empezó a debatir es una evidencia: sólo el 0,13% de la cifra total presupuestada es destinada a políticas específicas que apuntan a achicar la brecha de género en sus diferentes aspectos.

Sin embargo, el Gobierno aseguró en el documento ir "hacia un Presupuesto con perspectiva de género" y define dos instrumentos de planificación: las metas contempladas en el quinto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS), la "igualdad de género", y las medidas concentradas en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

Ese organismo rector contará el año que viene con un recorte de alrededor de un 18% ya que tendrá a disposición $234.394.881, un monto que representa un aumento del 10% respecto al 2018 pero que, en términos reales, pierde con la inflación que se proyecta rondará un 34,8%. En cuanto al ODS, el Ejecutivo se propone la paridad en las Cámaras del Congreso y el achicamiento de la brecha de tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Describe a lo largo de los fundamentos de varios de los ministerios cuestiones relacionadas a tales fines, pero no existen partidas concretas que las sustenten.

¿Un guiño a Lagarde?

La directora de Economía Femini(s)ta, Mercedes DAlessandro, consideró que estas metas "responden a las exigencias que planteó el FMI" al momento de cerrar el primer acuerdo por una línea de crédito Stand-By: "Hay una búsqueda de mostrar un cierto estoy haciendo las tareas a este organismo, pero lejos está de ser una política de Estado. Es positivo que empiecen a aparecer más las mujeres pero también necesitamos resultados. Es como un slogan carente de contenido, cuesta encontrar la relación entre el dicho y el hecho. Teniendo un área que dice mujer, eluden. En un contexto de ajuste la lucha por la igualdad es como una quimera", opinó.

En cambio, la politóloga Florencia Freijo afirmó en diálogo con BAE Negocios que la inclusión de los ODS permite "generar de parte de la sociedad civil cierto monitoreo" y en esta línea ambas coincidieron que el direccionamiento de los objetivos tiene que ver con "las demandas del feminismo que están en la calle y que ya no se pueden eludir"

Hacia dentro del INAM las partidas no se condicen con las prioridades. Mientras más de la mitad del monto se destina a dirección y conducción, el Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tendrá a disposición $32 millones cuando al anunciarse en 2016 se preveía un presupuesto de $52 millones.

Menos es... menos

"Partidas como las relacionadas a la capacitación, las Escuelas Populares de Género y las articulaciones directas, que son fundamentales, se llevan nada a comparación de lo que se destina a salarios", observó Freijo al tiempo que señaló que existe "poca incidencia de la articulación con otras instituciones como el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia".

DAlessandro, por su parte, remarcó que el presupuesto del organismo "es escaso para poder pensar políticas de género abarcativas" ya que "si bien se vienen haciendo políticas muy importantes como la línea 144 o el impulso de la Ley Brisa" el trabajo está concentrado en la violencia de género, "que es una pata visible y hay que trabajar en eso, pero tenemos indicadores que nos dicen que hay que achicar brechas, como la tasa de desempleo, por ejemplo y necesitamos políticas específicas para eso".

Por fuera de la entidad que dirge Fabiana Túñez y luego de un año que estuvo marcado por el debate de la legalización del aborto, no se incluyeron partidas que guarden relación con el Interrupción Legal del Embarazo, lo que marca "una preocupación debido a que muchas provincias aún no se adhirieron al protocolo de aborto no punible", señaló Freijo.

Si se ve reflejado un aumento significativo en la Educación Sexual Integral (ESI) de un 329%; un 125% de incremento en el Programa de Salud Sexual y Procreación responsable; y una partida para el Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia que casi duplica la de la entidad dirigida por Fabiana Túñez de 489 millones.

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