El Poder Ejecutivo volvió a la carga, por etapas, con sus proyectos de reforma laboral en el Senado. El año pasado, el Gobierno debió dar marcha atrás con esta reforma debido a la fuerte resistencia que encontró en los sindicatos y que los senadores peronistas, sector mayoritario en esa Cámara, decidieron acompañar, razón por la que el debate cayó en saco roto.

Ahora, el Gobierno decidió insistir con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados el pasado viernes a la Cámara alta y que serán tratados en la comisión de Trabajo, que preside Daniel Lovera (PJ- La Pampa) en el transcurso de la próxima semana, según señalaron fuentes legislativas.

Es que esta semana, por los feriados de hoy y mañana, se suspendieron varias reuniones de comisiones previstas, debido a que los legisladores del interior, en su gran mayoría, no viajarán a Buenos Aires y la actividad será prácticamente nula.

De todas maneras, en el bloque de Cambiemos, aseguran que "no intentan apurar la discusión" e imaginan que el debate tomará un largo tiempo antes de que llegue al recinto. Es que antes, deberán acercar posiciones con los sindicatos y con el bloque peronista que conduce Miguel Pichetto en donde se referencian los gobernadores del PJ.

"La semana que viene será cuando los senadores se reunirán con sus asesores para tomar postura y ver cómo se avanza o no con el tema", comentaron escuetamente desde la oposición.

El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.

En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.

El proyecto plantea, además, que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.

En el texto se indica que "podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial".

El segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas.

El último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.

La polémica, sin embargo, llegará con el apartado que propone excluir del cálculo indemnizatorio el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador. Ese punto hizo estallar el avance de la normativa el año pasado y volvió a ser incluido "fuera de programa" en la presentación del pasado viernes.

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