El abogado Eduardo Barcesat consideró ayer que se podría "declarar la inconstitucionalidad" del decreto mediante el cual el presidente Mauricio Macri pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, y advirtió que los uniformados pasarán a prestar servicio en funciones "que por más que se definan como inteligencia -tarea que también esta vedada-, van a ser de represión".

El constitucionalista adelantó que organismos humanitarios y ONGs recurrirán a la justicia para interponer amparos: "Este es un panorama que se suma al derrumbe institucional", agregó.

En tanto que el Coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Cels, Manuel Tufró, señaló que hasta tanto "el decreto no entre en contradicción con las leyes, no debería pasar por el Congreso. Pero en caso de no ser así, se convertiría en ilegal".

La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior está prohibida por las leyes de Defensa y Seguridad Nacional que fueran ratificadas mediante el decreto 727 de 2006. La Ley de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 y la Ley de Seguridad Interior en 1991.

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