Las familias de menores recursos sufren el mayor impacto en sus ingresos para abonar las tarifas de servicios, según qudó reflejado en un relevamiento realizado ayer que midió la relación entre el salario y el monto destinado al pago del consumo de servicios básicos.

El dato duro revela que con un ingreso promedio de $20.000 a $23.000 para pagar electricidad, gas y agua esos hogares deben oblar el monto equivalente a un aguinaldo completo, con una base tomada entre trabajadores registrados y en relación de dependencia.

Esta fue la conclusión a la que arribó un informe del Observatorio de Tarifas (OTA) que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, con referencia al último bimestre de 2017.

Ese paper que fue difundido ayer en el que se plantea el detalle de los consumos y gastos remarca que los aumentos registrados en los servicios no se dieron de forma "gradual, razonable y acorde a la capacidad de pago de la población" que hubiera permitido atenuar el impacto.

Por lo tanto, analiza que la decisión de que no se produzca una gradualidad y una correspondencia con los ingresos, estos incrementos pueden llegar a considerarse "confiscatorios para la sociedad".

Respecto al capítulo de los consumos en electricidad los valores del precio del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional superan los 80 dólares el MWh, el doble que los precios de producción de electricidad en Europa y en los Estados Unidos, lo cual además reduce la capacidad de competencia para el mercado de energía nacional, de acuerdo con ese análisis.

También en el trabajo9 se hace referencia a las audiencias públicas que se realizaron en estos dos últimos años del Gobierno de Cambiemos para validar los cuadros tarifarios. En ese aspecto, la OTA asevera que las mismas "carecieron" de legitimidad y, en algunos casos, hasta fueron confiscatorias.

"En primer lugar, las condiciones de legalidad exigidas por la Corte Suprema nunca se brindaron, siendo únicamente reuniones informativas con decisiones tomadas. Por otro lado, no se respetaron las exigencias de la Corte, en su fallo Cepis, sobre el seguimiento de los pasos necesarios para que este tipo de eventos otorguen validez a las decisiones administrativas de los funcionarios", según destacaron en el informe.

Respecto de la facturación que emiten las empresas distribuidoras Edesur, Edenor y otras prestadoras de electricidad se realza que la información a los usuarios, no se transmite de forma clara y transparente su composición. No están discriminados los valores de producción de energía, costos de transporte, de distribución o comercialización, llamado VAD.

En el segmento del consumo de gas la OTA explicitó que la situación se repite, tanto respecto de las audiencias públicas como del proceso decisorio anterior y posterior a ellas.

Al analizar los incrementos se detectó una dolarización e indexación de toda la cadena de valor del gas, que se evidencia y su negativa influencia en el precio de la energía eléctrica mayorista para todo el país.