En Argentina, una mujer es asesinada en contexto de femicidio, en promedio, cada 30 horas. Las cifras, son personas. Y el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada  en la localidad bonaerense de Rojas, vuelve, una vez mas, a poner en agenda las carencias del sistema judicial cuando se trata de situaciones de violencia de género.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, Sergio Terrón, que investiga el femicidio de Bahillo, lo reconoció ante la prensa el viernes último: "Evidentemente funcionó mal (el sistema judicial) porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó", dijo.

"Hay que tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres", es lo esencial para Raquel Asensio, titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), en un informe que realizó la agencia Télam.

La funcionaria consideró que para que eso ocurra, operadoras y operadores de la justicia "deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género, y que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección". 
Y que además de "investigar seriamente" las denuncias se "sancione a los responsables y exista reparación a las víctimas".

Las capacitaciones "en serio" para quienes tienen la responsabilidad de aplicar justicia, es decir, hacer efectiva la amplia legislación sobre prevención y asistencia en violencia de género que hay en el país, es también un reclamo de la abogada Soledad Deza.

La profesional tucumana, presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, enfatizó que la perspectiva de género "es seria, no se incorpora con una charla enlatada. Tiene que haber evaluaciones de competencia e impacto en las sentencias. Es urgente".

Entonces, además de que una mujer cuando llega a la instancia de denuncia se encuentra con que no hay personal capacitado para acompañarla, también comienza a transitar un laberinto judicial, ya que la causa que se inicia tiene dos instancias, una civil y una penal. Y es sólo el principio.

"Es muy difícil atravesar el laberinto de procesos, de instituciones, de formas y procedimientos", aportó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Úrsula Bahillo, un caso que movilizó al sistema

"Sin patrocinio jurídico para las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia es poco más que una consigna", agregó, además de destacar que ese proceso "requiere también de tiempos para el fortalecimiento emocional de las mujeres".

Lo mismo opinó Asensio, que pidió "una nueva forma de organización judicial, que permita un abordaje integral del problema. Ahora, está totalmente fragmentado" porque los juzgados de familia" toman medidas de protección, pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento".

"Y la justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento. No se consideran esos incumplimientos como indicadores de incremento del riesgo y no se adoptan medidas de protección más efectivas", explicó la especialista de la DGN.

Úrsula Bahillo, como tantas mujeres, logró medidas de protección que no llegan nunca o llegan tarde.


Tobilleras, cómo se aplica el sistema

Se impulsa el uso de tobilleras en los violentos, que se activan cuando se acercan a las víctimas, pero eso requiere de un monitoreo responsable que evite femicidios. Deza añadió a este panorama que "tampoco se cita a los denunciados y eso los libera del control social y judicial, además de que sobrecarga el impulso de la víctima de sus propias denuncias, quien además de exponerse, queda en desamparo del Estado cuando no se investiga con debida diligencia".

Y reforzó Asensio: "Los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento. Las órdenes de protección son incumplidas sin ninguna consecuencia tangible. No se aplican las sanciones" establecidas en el artículo 32 de la ley 26485, de Protección Integral a las Mujeres.

"En gran parte de la justicia penal se advierte falta de formación y empatía. No están familiarizados con la dinámica de las distintas formas de violencia de género ni preparados para evaluar el riesgo. Es más, incluso cuando se cuenta con informes interdisciplinarios que califican la situación como de riesgo algo o altísimo, se omite tomar medidas idóneas para la protección de las víctimas", aseveró.

Femicidios 2021, despues del Ni Una Menos

En Argentina, el movimiento Ni Una Menos comenzó en junio de 2015 a raíz del femicidio de Chiara Pérez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que provocó una cadena de repudio desde las redes sociales que se multiplicó y se convirtió en una marcha masiva.

Desde ese momento, se visibilizó en el país la tarea de los movimientos feministas y tanto organizaciones no gubernamentales como espacios de gestión pública comenzaron a difundir las cifras de femicidios.

En lo que va de 2021,  entre el 1 y el 31 de enero últimos se produjo un femicidio cada 27 horas, y en el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas, según los datos del Observatorio de la organización MuMaLa.

Se trata de veintiséis femicidios, entre ellos seis vinculados, y 36 intentos, que fueron cometidos en el primer mes de 2021

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