A poco de cumplirse un mes de la intervención del principal partido opositor del país y ante la falta de avances concretos por parte de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, los apoderados que responden a la desplazada conducción del Partido Justicialista a nivel nacional, Patricia García Blanco y Eduardo López Wesselhoefft, interpusieron ayer ante la Cámara Nacional Electoral, sendos recursos de queja.

El primero de ellos por "retardo y denegación de justicia", y el segundo, por denegarle al por ahora ex titular de ese espacio, José Luis Gioja, el "recurso" de apelar la intervención judicial partidaria.

El pasado 10 de abril Servini decidió desplazar a la conducción del justicialismo y designó como interventor a Luis Barrionuevo, medida que iba a ser objetada judicialmente. Sin embargo y hasta el día de ayer, la magistrada aún no había girado el expediente a la Cámara Nacional Electoral.

Con posterioridad a esos hechos, el sindicalista Carlos Acuña, uno de los responsables de la denuncia que le abrió la puerta a la intervención, cuestionó la legitimidad de los abogados López Wesselhoefft y García Blanco para actuar como representantes de la desplazada conducción encabezada por Gioja por no haber sido designados por el Consejo partidario como indica la Carta Orgánica, sino por el Congreso partidario.

Sin embargo, la jueza consideró que ambos letrados se encontraban legitimados para actuar como representantes, "porque el Consejo nunca se reunió para ratificar las designaciones" y porque además, los dos "venían actuando como apoderados desde 2016", por lo que no se entiende muy bien por qué hizo lugar al cuestionamiento. Sin embargo, Acuña apeló, por lo que está "corriendo el plazo para que fundamente los recursos".

"Hay algo dilatorio en todo esto, porque la jueza podía juntar esos planteos en la Cámara y elevar el expediente de todos modos, pero no lo hizo", dijo al ser consultada por BAE Negocios, la abogada García Blanco.

La letrada advirtió que "la causa no tiene elementos dignos de una intervención", denunció además que el interventor Barrionuevo "también es parte, porque ya había pedido la intervención del partido el año pasado" y apuntó contra el "apoderado designado por la intervención, que es abogado de la contraparte" por lo que queda desvirtuado lo dispuesto por Servini: "Que la intervención es la auxiliar de la justicia, y debe ser ajena al conflicto", lo que en este caso no se estaría cumpliendo.

La magistrada tampoco hizo lugar al recurso presentado en su momento por Gioja, quién pretendía apelar la intervención. Ahora, serán los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, los que tras darle vista al fiscal Jorge Di Lello, deberán resolver un entuerto que va camino a convertirse en escándalo.

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