El fiscal Jorge Di Lello imputó a Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que le hizo el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, mientras que para la diputada de Cambiemos la causa se origina en "mentiras mediáticas". La principal acusación de Vera contra Ocaña es que la diputada declaró ser propietaria de una parcela de mil metros cuadrados en el barrio privado Terravista en General Rodríguez, valuada en 900 mil pesos cuando en realidad poseería allí "una mansión valuada en casi un millón de dólares". Di Lello le solicitó al juez federal Julián Ercolini que realice una batería de medidas de prueba entra las que solicitó que se le pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de la diputada.

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