Argentina no solo comparte con Venezuela y Angola el raro privilegio de no haber juzgado todavía a los responsables de la brasileña Odebrecht por las coimas que 77 de sus ejecutivos confesaron haber pagado durante años en doce países para ganar contratos de obra pública. A partir de una ventana legal que dejó abierta la nueva gestión de Aysa, además, la multinacional reclama ahora al Estado que le pague $888 millones de pesos por incumplimientos en el contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, cuyos presuntos sobreprecios y cuya licitación investiga el juez Sebastián Casanello.

La ventana legal se abrió porque en la última de las addendas del contrato original, firmada el 18 de octubre de 2016, Aysa dejó de cubrirse de los incumplimientos contra los que advertían todas las anteriores. En las anteriores, suscriptas durante la gestión kirchnerista de Carlos Ben, el consorcio contratista renunciaba a reclamar actualizaciones del flujo de caja, atrasos en los giros del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y atrasos de Nación Fideicomisos. En la adenda 12, a la que accedió BAE Negocios (ver facsímiles) y que lleva la firma del actual presidente de Aysa, José Luis Inglese, apenas renunció a exigir compensaciones por atrasos del BNDES.

Con ese as bajo la manga, y luego de haber abandonado el consorcio donde antes tenía la mayoría de las acciones, Odebrecht activó el reclamo por $888 millones. Sus antiguos socios en la UTE que construyó la planta potabilizadora (Supercemento, Roggio y Cartellone) aseguran no haber participado de la demanda. "Ellos siempre tuvieron el vínculo con el cliente (por Aysa). Incluso mientras se llevaba adelante la obra", dijo a este diario el vocero de uno de los socios.

Los voceros de Aysa negaron haber dejado ese resquicio y dijeron que en la addenda de octubre de 2016, "la UTE Paraná de las Palmas renunció a la posibilidad de reclamos". No obstante, admiten que "existe un reclamo económico por parte de la UTE de mayo de 2017", el cual la empresa estatal rechazó "por improcedente e infundado". El reclamo incluso llegó a debatirse en una frustrada audiencia de mediación el mes pasado, según publicó la revista Noticias.

Una vez activada la demanda, en octubre último, la UTE obtuvo la autorización de Aysa para que Odebrecht cediera su participación en el consorcio a favor de los otros tres miembros, que incrementaron sus porciones de forma proporcional. Según Aysa, eso "no libera ni limita la eventual responsabilidad contractual, extracontractual, por daños y perjuicios, administrativa o penal de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A.". Pero especialistas en derecho administrativo aseguran que su retirada puede jugarle a favor a Odebrecht en caso de que la Justicia la halle culpable de algún delito y procure embargar sus activos en el país.

La planta Paraná de las Palmas es una de las obras sanitarias de mayor envergadura del último siglo en el país. Iba a costar $2.150 millones y terminó costando más de $8.000 millones. La otra obra importante para la cual estaba contratada Odebrecht, el soterramiento del tren Sarmiento, también quedó a cargo de sus antiguos socios. En ese caso son IECSA (la vieja constructora del grupo Macri, ahora en manos de Marcelo Mindlin), Ghella y COMSA.

Odebrecht está suspendida del registro de proveedores de Aysa desde que sus ejecutivos admitieron ante la justicia estadounidense haber pagado coimas en doce países donde obtuvieron contratos con el Estado, incluyendo a la Argentina. La empresa estatal de agua potable y saneamiento también se presentó como querellante en la causa por sobreprecios que lleva Casanello, aunque fue rechazada por el juez. Ahora aguarda una definición por parte de la cámara.

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