Mientras el Gobierno busca reducir la necesidad de dólares, de cara a vencimientos de deuda que sólo en el primer trimestre superan los US$4.500 millones, los litigios judiciales abiertos en las cortes extranjeras contra el Estado argentino amenazan con sumar más peso a la complicada situación financiera que deberá enfrentar la gestión de Alberto Fernández en el arranque de este nuevo año.

La justicia estadounidense informó el viernes que el fallo de la causa que Aurelius Capital Management viene llevando contra la Argentina desde enero de 2019 por el no pago de los cupones PBI será publicado antes del próximo 15 de marzo.

El fondo buitre -viejo conocido por su participación y su victoria en el largo litigio que hodouts llevaron adelante contra nuestro país por los bonos defaulteados en 2001- realizó a principios del año pasado una presentación ante el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que dirige la juez Loretta Preska, por supuesta manipulación de la medición del crecimiento económico en 2013 para evitar los pagos de los cupones. Se basan en el hecho de que en marzo de 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, se decidió cambiar la base del cálculo del PBI, lo que arrojó un crecimiento mucho menor al que había sido anunciado un mes antes por el propio funcionario (2,9% contra el 4,9% informado en febrero). Como el dato "corregido" no llegó al superar el 3,25% necesario para gatillar el pago de los cupones en diciembre de ese año, los tenedores se quedaron con las manos vacías.

Según Sebastián Maril, socio de Fin Guru y Research For Traders, dependiendo de la decisión de la juez Preska, los otros cuatro casos presentados en Estados Unidos en relación al mismo hecho podrían ser consolidados. "Lo más probable es que Preska consolide las demandas y ahí empezará un proceso de ida y vuelta hasta ver si llega a la Corte de Apelaciones. Este sería el primer gran fallo", indicó Maril

Además de Aurelius, ACP Master y otros tres fondos londinenses (Novoriver, 683 Capital Masters y Adona LLC) decidieron judicializar el reclamo en Nueva York. A esto se suman otras dos demandas en la Corte de Londres. Los litigios iniciados en el exterior por el pago de los cupones PBI superan los 800 millones de dólares más intereses.

La gestión de Alberto Fernández heredó 86 causas abiertas en juzgados extranjeros, algunas de ellas colectivas, y todas con origen durante el gobierno de Cristina Kirchner. El monto total de las demandas se ubicaría en un rango de entre 6.000 y 13.600 millones de dólares.

El caso más importante, por la magnitud del dinero reclamado, es el de la expropiación de YPF en 2012. El fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen, calcula que podría obtener un beneficio económico si la justicia falla a su favor de entre 1.700 y 9.000 millones de dólares.

Se esperan novedades de este caso, que también se tramita en el juzgado de Preska, en febrero, luego de que a finales de diciembre pasado la juez le otorgara una extensión de un mes al Gobierno argentino para presentar un escrito a favor de su pedido de trasladar la causa a nuestro país.

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