La Coalición Cívica (CC) que lidera la diputada Elisa Carrió, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que anule una resolución que, según denuncia, "relaja los controles a las sociedades off shore".

"No es una adecuada política regulatoria permitir la actuación de sociedades off shore o disminuir los controles administrativos sobre ellas", sostiene la CC a través de un comunicado, al volver a dar batalla sobre temas judiciales y vinculados con paraísos fiscales, que fue punto de fricción con el presidente Mauricio Macri cuando se investigaron los Panama Papers.

Agrega: "No se puede otorgar un trato preferencial a las personas jurídicas extranjeras frente a las nacionales, que deben cumplimentar con todos los requisitos que le solicita el ordenamiento jurídico argentino". Advierte que "cuando no existen los controles suficientes, la reclamada libertad societaria y de contratación que solicitan los operadores económicos, puede tergiversarse o utilizarse en forma ilícita derivando en corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito".

La CC aludió a la resolución Nº 6/2018, que entró en vigor el 29 de agosto del año pasado porque "afecta el control estatal sobre este tipo de sociedades, haciendo mucho más vulnerable al país en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo".

Explica que el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, pidió explicaciones al Ministerio de Justicia sobre dicha resolución y se acordó que una mesa de trabajo discuta el tema, que convino un nuevo texto, pero la norma proyectada no se dictó.

Entre otras consideraciones la CC expresa: "Los cambios producidos eliminaron la obligación de informar no solo quién es el último beneficiario final (persona física que ejerce el control real), sino también quién es el accionista inscripto del socio extranjero. Incluso permitieron que pueda ser socio extranjero de una sociedad argentina otra proveniente de jurisdicción off shore calificada como no cooperante, situación que antes estaba prohibida, tal como lo exigen los estándares internacionales".

"La vigencia actual de la norma modificada no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito, sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir que expone también a otros países", advierte la CC.

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