La Corte Suprema de la Nación declaró la nulidad de la resolución que dispuso la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles S.A., empresa que integra el Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristobal López. La decisión del máximo tribunal de la nación torna exigibles los créditos contra la empresa, entre ellos los de carácter fiscal que, por miles de millones de pesos persigue la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La petrolera, investigada en otro juzgado por presunta evasión fiscal de unos 8.000 millones de pesos en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), había iniciado el proceso concursal ante los tribunales de Comodoro Rivadavia.

Meses atrás y por orden de la Cámara en lo Comercial, el magistrado de ese fuero Héctor Vitale, a cargo de la causa luego que fuera desplazado el juez de ejecución de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier, notificó la apertura del concurso preventivo, lo que presuponía la imposibilidad de la empresa de afrontar sus deudas.

Toquier había sido el primero en declarar la apertura del concurso, en una decisión confirmada parcialmente por la Sala D de la Cámara en lo Comercial con sede en la Capital Federal.

Pero hoy, la Corte, por unanimidad, admitió el recurso extraordinario que la AFIP presentó contra esa resolución por presunto “fraude” procesal, revocó la sentencia apelada y decretó la nulidad de la sentencia de apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles.

La “conducta fraudulenta” habría consistido en crear un domicilio ficticio en Chubut con el fin de eludir la competencia del juez natural y afectar el derecho de los acreedores.

La AFIP, que llegó a la Corte con un planteo directo, porque la Sala D de la Cámara en lo Comercial le rechazó el recurso extraordinario, mencionó una “maniobra fraudulenta” tendiente a acumular una deuda imposible de afrontar, descapitalizando a la empresa a partir de la transferencia de dinero a otras sociedades o grupos económicos.

La Corte, con la firma de su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sostuvo que permitió abrir el proceso concursal “no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa”.

Se refirió así a que el juez el de Comodoro Rivadavia carecía de jurisdicción para mantener abierto el concurso porque había calificado de “fraudulenta la conducta de la deudora”.

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