La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que declaró nula personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp-Metrodelegados). Ese DNI sindical les había sido otorgado en el último tramo del gobierno kirchnerista, en noviembre de 2015. En términos de interpretación, más allá de la letra normativa, esa organización gremial surgió de una disputa férrea con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la potestad de los trabajadores. Hoy la UTA se ubica en la primera fila de los gremios con fluído diálogo con el Ejecutivo. Sin casi lugar a casualidades los metrodelegados, que lídera Roberto "Beto" Pianelli, sabían que no les esperaba una senda florida desde 2015 y ayer la Corte les ratificó sus sospechas más profundas.

Hace cinco años que se cierne el interrogante sobre qué sindicato es más representativo para los 3.000 empleados del subte, en todas las instancias posibles, ni siquiera esta última intervención de la Justicia dirime con precisión el escenario. Sobre todo porque la misma Corte hace tiempo trató en convocatoria abierta, el derecho de organizaciones no "originales" para representar a trabajadores tomando el caso de un entuerto en el gremio de Correos.

El fallo que anuló la personería lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La decisión se fundamentó en que no se había dado lugar a la defensa de la UTA, que era la única entidad con personería. Para algunos laboralistas, más allá de cerrar el debate se abre quizás una Torre de Babel bajo sospecha de "disciplinamiento" a la Agtsyp, que alineada a reclamos propios y el reciente #21F, en las últimas horas activó un paro de servicios respecto a la sospecha de materiales cancerígenos en unidades de los trenes que circulan bajo la superficie porteña.

La UTA denunció que no se había cumplido con el procedimiento establecido en la ley 23.551 de asociaciones sindicales y que no se le había dado la participación necesaria.

Luego, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo refirió que el Ministerio no había adoptado las medidas necesarias para dar intervención en el trámite a la UTA. La Corte, por mayoría, desestimó la apelación de los metrodelegados por entender que el fallo de la Cámara que ordenó que se tramitara de nuevo el pedido de personería gremial no constituye una decisión definitiva sobre el problema planteado.

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