La Corte Suprema'> Corte Suprema falló en contra de la Anses por la aplicación del Ripte como mecanismo para actualizar las jubilaciones que van entre 1995 y 2008, al tiempo que le pidió al Congreso que elabore un nuevo indicador "en un plazo razonable" para el cálculo del haber inicial.

Hasta que ello ocurra, el máximo tribunal confirmó la utilización del Isbic, el cual arroja resultados mucho mayores y fue el elegido históricamente por la justicia en todos los fallos en contra del poder Ejecutivo.

En un dictamen en el que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz volvió a quedar en soledad, los cuatro ministros restantes resolvieron a favor del demandante Luis Orlando Blanco. La decisión repercutirá sobre más de 13.000 causas que habían llegado a esa instancia y otras 150.000 que se encuentran en tribunales.

El dictamen declaró inconstitucionales dos resoluciones de la Anses que extendían la utilización del Ripte para el cálculo del haber jubilatorio inicial no sólo en los casos en que se aceptara la ley de Reparación Histórica sino para todo el universo del sector pasivo, hayan ingresado o no al programa. Por eso, el organismo previsional comenzó a apelar las sentencias, al entender que tenía la potestad para fijar de manera retroactiva este índice incluso para quienes habían obtenido el beneficio antes de la sanción de la norma.

Según los expertos, el costo fiscal estimado es limitado porque los desembolsos destinados a pagar sentencias para el año que viene ya figuran en el Presupuesto 2019, además de que queda acotado a los 150.000 casos que están pendientes de resolución. Por ende recién en 2020 de manera incipiente y ya de lleno en 2021 el fallo se sentirá a razón de unos $14.000 millones anuales durante cinco años. Por eso los especialistas plantean que la cifra final estará entre unos $70.000 y $90.000 millones, menos del 1% del gasto previsional.

Lo cierto es que un caso mucho más relevante para el conjunto de los jubilados es el que inició Miguel Fernández Pastor por la reforma previsional del año pasado que cambió la fórmula de movilidad, para pasar de ser semestral a trimestral. Se entiende que habrá un fallo respecto a este tema el año que viene, y podría ser un impulso para que el Congreso sancione finalmente un índice que la Corte reclama desde el 2006 con el caso Badaro. Al año siguiente, el Supremo Tribunal dictaminó la utilización del Isbic.

En ese sentido, el dictamen de ayer hace un guiño a la ley sancionada en 2008 bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, dos años después del primer fallo Badaro, al entender que el único índice correcto fue el que se regía por la recaudación y los salarios. Hace exactamente un año, el Congreso sancionó la ley que pedía el Ejecutivo para modificar el mecanismo de ajuste, lo cual junto con la disparada de la inflación implicó una poda importante sobre las jubilaciones. Ese cambio hasta ahora no fue avalado por la justicia y los legisladores podrían tomar como referencia la vieja movilidad para evitar una nueva ola de juicios.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, que limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse sobre las demás causas. En disidencia, volvió a quedar el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

La decisión de Highton de fallar en contra del Gobierno causó cierta sorpresa, si se tiene en cuenta que fue la que acudió junto con Rosenkrantz a un almuerzo con Mauricio Macri en la Casa Rosada y por sus posiciones previas se la consideraba más alineada con el Ejecutivo en la cuestión de los índices jubilatorios.

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