El juez Lino Mirabelli aceptó la oferta de $1,6 millón realizada por el presidente Alberto Fernández y la de $1,4 millón hecha por la primera dama, Fabiola Yañez, para dar por cerrada la causa judicial por el festejo llevado a cabo en Olivos a mediados de 2020, en plena pandemia.

El magistrado decidió "homologar" el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán realizar el pago en un plazo no mayor a diez días. El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis).

El 14 de julio de 2020 asistieron varias personas al cumpleaños de Fabiola Yañez, muchos de ellos amigos, así como también el propio Presidente.

La foto de la fiesta fue filtrada a los medios el año pasado y el mandatario sostuvo inicialmente que "no existió delito" porque ese encuentro "no generó contagios de coronavirus".

La causa comenzó su trámite en Comodoro Py y luego pasó por jurisdicción a San Isidro, en donde se disputaban la competencia del caso el juez Mirabelli y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El caso quedó en poder de Mirabelli, quien ahora homologará los acuerdos que la fiscalía alcanzó con el Presidente y Yañez.

Cuando se realizó el festejo se encontraba en vigencia el Decreto 576/2020, que impedía las reuniones y mantenía el aislamiento preventivo y obligatorio.

"Tanto la defensa como el fiscal federal han sostenido que el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández en torno del hecho ocurrido el 14/7/2020 por su participación en la celebración del cumpleaños de la primera dama no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo", evaluó el magistrado.

Por último, despejó cualquier duda sobre ambos acuerdos: "La función del juez se define por la imparcialidad, lo cual le impone decidir conforme a la Constitución y a las leyes, prescindiendo de cualquier consideración pública, política o personal ajena al caso. Y es en ese marco de actuación que, reitero, no se observan razones legales que impidan la aplicación del mecanismo propuesto".