*Especial para BAE Negocios

Las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la defensa nacional, pero en los últimos 35 años fueron desatendidas por una política que no garantizó la sustentabilidad del sistema. Falta de inversión, descapitalización de los recursos humanos, definición de un plan de reequipamiento son algunos de los problemas fundamentales. Un cóctel al servicio de riesgos y amenazas que exponen al país a cualquier tipo de interés externo. La gran controversia produjo el caso del submarino ARA San Juan abrió el debate sobre el futuro de las FF.AA.

Desde 1986 hasta la actualidad ocurrieron varios accidentes en el ámbito de las fuerzas armadas: choques, averías, roturas, naufragios, etc. Ante la sospecha de delitos el fiscal Jorge Di Lello, inició de oficio, el 15 de diciembre de 2017, una investigación preliminar para determinar si el estado y mantenimiento del material militar respode a lo determinado por la Ley de Defensa Nacional. El informe concluyó que las FF.AA están desfinanciadas y que provoca indefensión. Aunque afirma también que no se observa delito de "incumplimiento de funcionario público".

Sucede que la tragedia del submarino San Juan puso en el centro de la escena la compleja trama que atraviesan las FFAA en relación al equipamiento, adiestramiento del personal y asignación presupuestaria. Y en el informe de Di Lello varios protagonistas hacen sus aportes. "El rol institucional se apartó del entorno social. Se redujeron sus funciones porque no hay una hopótesis de conflicto. Necesitan de una conducción política que determine el rumbo. Ni siquiera los escenarios económicos más favorables fueron suficiente. ¿Qué se hace cuando el Estado falla?", plantea Fernando Morales, capitán de fragata y perito.

Desde noviembre de 2017, el cambio más relevante fue la modificación del decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que les permitió a los militares actuar ante una amenaza externa que no sea de una fuerza armada regular, siempre y cuando hubiera una situación límite. El rol que tendrán las Fuerzas Armadas en el G20, posiblemente sea el más trascendente en mucho tiempo.

En las últimas décadas, las FFAA sufrieron una desatención que se agudizó en el tema de equipamiento y modernización de los sistemas de armas. El 90% del material militar tiene entre 30 y 50 años. El mantenimiento tampoco ha sido el adecuado. Rosendo Fraga, titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, sostiene que en 35 años el gasto en defensa argentino pasó del 3 % al 1 % del PBI. Así, explica que Argentina utiliza 0,9% del PIB frente al 1,4% que tiene América del sur y el 2,7% que tiene el mundo. "El problema presupuestario está en que el 85 % está destinado a salarios y retiros. Del 15 % retante, el 12% a funcionamiento y el 3 % sobrante a requipamiento", destaca.

"Ni siquiera se modernizó la flota de vehículos a rueda y transporte aéreo necesario para el apoyo ante emergencias y catástrofes", agrega Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa. En este sentido, el fiscal Di Lello explica: "El desfinanciamiento es una problemática fundamental. Según nuestro estudio, se podría tener un equipamiento razonable si en un lapso de 5 años se achicaran los intereses de la deuda externa".

"El problema del presupuesto de la defensa tiene que ser visto en un marco de 30 años, conforme a la ley de reestructuración militar que estableció un porcentaje determinado para asignar a reequipamiento militar. Si se hubiera hecho en 2005, hoy estaría muy avanzado. No hay consciencia en la necesidad de diseñar un plan de defensa", explica Ricardo López Murphy, ex ministro de defensa.

El tango recuerda que veinte años no es nada, pero en el caso de las fuerzas armadas puede resultar peligroso. Recuperar su estado logístico, de adiestramiento y operativo requiere de un largo período. Siguiendo esta lógica, Héctor Sánchez, veterano de Malvinas, señala: "Es lamentable que la capacidad de producción nacional para la Defensa no haya sido prioritaria para los distintos gobiernos nacionales".

"Si no tenemos personal capacitado, estamos expuestos a cualquier interés de grupos partidarios que pretendan tomar por las fuerza nuestro patrimonio. Estamos indefensos", señala el informe de la Justicia. Y agrega que "la reactivación de la industria (es) una capacidad militar necesaria para el logro de su misión legal, los proyectos hoy se ven amenazadospor la desinversión y ajuste propuesto por el Ejecutivo Nacional".