En una medida judicial de alcance nacional, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió hacer lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos por lo que le ordenó a las distribuidoras de gas "abstenerse" de aplicar cortes o suspensiones en los servicios como consecuencia de la falta de pago de las facturas por parte de los usuarios.

La resolución que impide a las empresas prestatarias interrumpir el servicio en caso de boletas impagas se dio en el marco del debate entre el Gobierno y la oposición ante los fuertes incrementos tarifarios que se vienen registrando en los servicios de gas, luz y agua.

Como medida cautelar interina, Ramos Padilla dispuso que "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión" de ese servicio a partir de "la fecha", por lo que a tal efecto, esa medida "deberá ser llevada adelante por Enargas" y tendrá vigencia por el lapso de 90 días, hasta tanto se presenten el Gobierno y el organismo de control a debatir sobre la cuestión de fondo; el debate de los aumentos en audiencia pública.

El magistrado basó su resolución en la necesidad de "garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y proteger" así, a aquellos "sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado".

En la presentación realizada por los apoderados de la ONG , José Elvis Toto y Gustavo Aballar Stiep, se pidió además declarar la "inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas", planteo que Ramos Padilla rechazó hasta tanto "se dé traslado a las partes intervinientes para que hagan el descargo correspondiente, al tiempo que ordenó comunicar la causa al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte.

Una fuente judicial consultada por BAE Negocios señaló que "la acción presentada como un proceso colectivo se va a tramitar en el Juzgado Federal de Dolores", admitió que "se le reconoció legitimación a la ONG, Asociación de Consumidores Argentinos, y se dictó la medida cautelar interina". por lo que en 10 días el magistrado "deberá resolver si retrotrae o no los aumentos".

La fuente aclaró también que "el gas se divide en tres conceptos; la extracción en boca de pozo, el transporte y la distribución" y mientras que en 2016 y 2017 se llamó "a audiencia pública por los tres conceptos", no sucedió lo mismo en 2017 para los aumentos de este año: "No hicieron el llamado sobre lo que es extracción en boca de pozo sobre la base de que para" el gobierno "el tema está desregulado y se resuelve entre la oferta y la demanda".

En ese sentido, dijo que el propio Gobierno reconoce que "el precio del gas podría estar pagándose por encima de lo que denominan las leyes del mercado, es decir, que los usuarios podrían estar pagando a las prestatarias en Argentina más de lo que se paga en otras partes del mundo porque no hubo un control sobre el modo en que se fijó ese precio, y además, como todo esto tiene un componente en dólares, en el país ese precio se podría disparar al infinito".

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