La jueza federal María Servini ordenó un peritaje contable sobre el proceso de reparación del hundido submarino ARA San Juan así como del buque Almirante Irízar, en el marco de una investigación ante sospechas de malversación de fondos públicos.

La medida fue ordenada por Servini de Cubría, quien lleva adelante dos denuncias por sospechas de corrupción en los procesos de reparación.

Sobre el ARA San Juan, el cual desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 personas a bordo y fue encontrado un año después a 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, está el foco sobre la reparación de las baterías cuyos expertos dudan que haya sido la clave del hundimiento.

Servini de Cubría especificó en el objeto de la pericia que realizarán expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia, que se analice la reparación, mantenimiento, apoyo y soldadura de corte, reemplazo de motores diesel y equipos asociados y cambios de baterías del submarino ARA San Juan. Según la denuncia de la diputada Elisa Carrió que dio inicio a la investigación, el presupuesto se incrementó de 51 millones a 127 millones de pesos.

Con respecto al buque Almirante Irízar, la pericia apunta a posibles sobreprecios, desvío de fondos u otros hechos ilícitos de índole patrimonial y ante el informe de Sigen que detalló que el presupuesto de reparación se incrementó de 395 millones a más de 550 millones de pesos.

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