La Justicia de La Plata dispuso que los salarios de los docentes bonaerenses sean actualizados en julio próximo en base al Indice de Precios al Consumidor, hasta que los gremios de maestros y el gobierno provincial alcancen un acuerdo en el marco de las negociaciones paritarias.

En la resolución, el Tribunal Nº 4 reconoció que el gobierno ya realizó adelantos a cuenta del futuro aumento para que los maestros no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, aunque planteó que, de no haber acuerdo paritario, en julio deberán ajustarse los salarios en función del IPC que dé a conocer el Indec.

Concretamente, los jueces Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Eduarda Di Stefan declararon "la ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018".

La medida judicial surgió como respuesta a un recurso de amparo presentado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) junto a Sadop, Suteba y Udocba, en la que además denunciaron que la provincia "negocia de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13.552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas". Además, habían pedido que se impongan sanciones a la administración de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, la resolución judicial no hizo lugar a ninguna de estas solicitudes, rechazó la existencia de una práctica desleal por parte del Ejecutivo y que señaló que el Gobierno provincial "no incurrió en conducta pasible de ser sancionada por temeridad y malicia".

A la vez, los jueces rechazaron que se le ordene negociar de buena fe y, al referirse a la cláusula gatillo, plantearon "una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real".

Fuentes del gobierno bonaerense anticiparon que el Ejecutivo provincial apelará la resolución ya que "la Justicia no puede interpretar algo que las partes aún no han acordado" porque eso significaría -argumentaron- "una intromisión en cuestiones que debe decidir el Ejecutivo provincial".

Por su parte, la secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, destacó, en diálogo con Télam, el hecho de que la Justicia haya determinado que "el gobierno debe mantener la vigencia de la cláusula gatillo hasta una nueva convocatoria".

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