La reglamentación para el uso de armas de fuego destinada a las fuerzas federales de seguridad dispuesta por el gobierno nacional disparó ayer la inmediata reacción de integrantes de los derechos humanos, dirigentes políticos y referentes de la justicia, quienes cuestionaron la medida por entender que representa un "peligro inminente" y apunta a "legalizar la muerte".

"Tenemos que unirnos contra estas noticias nefastas como esto que ha decidido la ministra de Seguridad transformada en gendarme, más que en mujer, para legalizar la muerte", advirtió Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

La dirigente consideró que esa decisión llevará "a transformar en una lucha calle a calle, puerta a puerta, cuando lo que hay que bajar es la pobreza, combatir la droga y darle dignidad a cada argentino para que pueda comer, educarse y ser un ser humano digno".

CELS: “Los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia”

En tanto que para el titular del Bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, la reglamentación es "un retroceso grave en la democracia argentina" y ayudará a incrementar la cantidad "de víctimas inocentes".

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita presentó en Diputados un proyecto que apunta a derogar la resolución ministerial y cuya finalidad es "regular el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego" mediante "una norma que preserve la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas".

"Rafael Nahuel y Rodolfo Orellana (de la CTEP), son casos claros de cómo las fuerzas federales deciden terminar porque sí con una vida y reciben el aplauso y el aval del Gobierno", sostuvo Grosso, quien pidió "garantizar la paz de la sociedad" pero por sobre todo "valorar la vida y respetar la Ley que rige en nuestro país".

"La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior", afirmó por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS) que puso el foco en torno a "la amplitud" de lo que para el Gobierno representa el "peligro inminente".

El CELS entiende además que "en algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia".

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria expresó "su preocupación y el rechazo" a la iniciativa "en función de constituir la cristalización y profundización de doctrinas regresivas en el uso de armas de las fuerzas policiales", pidió derogar la resolución y elaborar "reglamentos y protocolos que de manera seria y rigurosa establezcan los principios rectores" en materia de seguridad.

"El gobierno acaba de instalar el vale fusilar por ley" señaló a su turno la Correpi que dio cuenta que desde el regreso de la democracia "ya estábamos recogiendo casi 6 mil casos de gatillo fácil" pero "había una limitación legal. Hoy lo novedoso" es que "se instala definitivamente y se habilita la orden de matar".