La oposición parlamentaria consiguió dictamen de mayoría en la comisión de Trámite Legislativo para rechazar el decreto que establece el régimen de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción. Para conseguir el dictamen de mayoría fue clave el voto doble del presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, que desempató la igualdad en ocho entre oficialistas y opositores.

Además de ese decreto de necesidad y urgencia ( DNU), la comisión bicameral rechazó también el que establece la creación de la Agencia Nacional del Deporte, y el que se refiere a la cesión del espectro radioeléctrico de ARSAT.

Más allá del dictamen, para que los DNU pierdan validez, deben ser rechazados por los plenarios de ambas cámaras por mayoría simple.

Durante la reunión de ayer, que se extendió por casi tres horas, el oficialismo defendió los instrumentos emanados del Poder Ejecutivo y la oposición centralizó sus críticas en la apelación del gobierno a ese recurso.

En el inicio de las exposiciones, el diputado macrista Pablo Tonelli defendió el DNU sobre extinción de dominio al señalar que "la experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente esos delitos. Aún desde la cárcel, los propios condenados pueden disponer de esos bienes y pueden así seguir dirigiendo esas organizaciones criminales".

El senador del peronismo pampeano Daniel Lovera dijo a su turno que "este Gobierno no deja de sorprender por el desconocimiento del procedimiento parlamentario al dictar un DNU sobre un tema que estaba en pleno tratamiento en el Congreso".

También rechazó el decreto que establece la creación de la Agencia Nacional del Deporte

"No existe ninguna circunstancia excepcional que impida continuar con el trámite de la ley; podrían tranquilamente haber llamado a sesiones extraordinarias", añadió.

Para la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti "la finalidad del DNU iba a ser la construcción de jardines de infantes y de obras que mitiguen las inundaciones; pero como no lo hicieron le quieren cargar a la Justicia la mala política económica, financiera y social que lleva adelante desde 2015". Para la mendocina, "el DNU es inconstitucional en su contenido y en su forma".

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