Pocas veces le salió tan redonda la cuenta política al Gobierno como en la semana que pasó. Logró cerrar filas con los gobernadores, con el sector mayoritario del sindicalismo y se arrimó a un punto de consonancia con la pata empresaria, que salió sin disimulos a respaldar el plan de reformas, a diferencia de lo sinuosa que fue antes de las elecciones. Es que fue un clásico del Gobierno de los CEOs: las empresas son las menos demostrativas del cariño que le está dispensando el macrismo con la baja de impuestos internos, la reduccion de aportes patronales y a flexibilización.

La última semana reflejó además un cambio táctico en las negociaciones, que no reposaron en los escritorios parlamentarios sino en la lapicera ejecutiva. Para un Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría propia, forjar acuerdos es aún muy trabajoso y quedó demostrado en el bienio que se termina. Muchos de los proyectos que promovió el oficialismo sufrieron cambios -y las consiguientes demoras- en el Congreso, con el consecuente desgaste político, como el caso de la modificación del Impuesto a las Ganancias el año pasado, en donde marcó el pulso el kirchnerismo y el massismo.

Pero Cambiemos no parece dispuesto ahora a que ningún partido político de la oposición saque pecho. Y decidió encarar las negociaciones en el ámbito de la Casa Rosada para mejorar el control de las decisiones y reforzar el poder que sumó en las urnas. En tres semanas consiguió el apoyo a tres propuestas de reformas profundas que tienen consecuencias en la organización impositiva, laboral y de reparto de fondos a las provincias. Puso a trabajar a destajo al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, flanqueado por el curtido titular de Interior, Rogelio Frigerio, que trajinó de la planta baja de Balcarce 50 a la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el primer piso de la Casa Rosada, donde se ubica el despacho presidencial. Para la firma y la presentación final del acuerdo se sumó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, más para darle el título de “acuerdo histórico”.

Pero mientras festejan los acuerdos con los gobernadores que deben redundar en apoyo parlamentario, miran de reojo la llegada de Cristina Fernández al Senado de la Nación, que se hará efectiva el 29 de noviembre. “¿Si nos preocupa Cristina? Para nada, es un problema del peronismo, no nuestro”, se desentendió un funcionario de la jefatura de Gabinete. La frase puede ser tan cierta como el envío exprés al Congreso de los proyectos que avalaron los gobernadores el jueves pasado bajo el cuadro del renunciamiento, de una Evita en sepia llorando en el hombro de Perón.