El 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. Sucedió horas antes de presentarse ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que lo había convocado para interrogarlo sobre los fundamentos de su denuncia por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

El expediente tuvo muchas idas y vueltas. Pasó por distintos jueces y fueros. Un informe del Cuerpo Médico Forense determinó que no se podía constatar la presencia de terceras personas en el baño, por lo que se estaba más cerca de un suicidio. Pero una junta de Gendarmería Nacional afirmó que se trató de un homicidio.

Para la Justicia, el fiscal fue víctima de un plan criminal. Procesó al perito informático Diego Lagomarsino, como partícipe necesario por haberle facilitado el arma y a los custodios como encubridores del homicidio por faltar al cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Para la Justicia, el fiscal de la Unidad Amia fue víctima de un plan criminal

“La hipótesis del suicidio se instaló de mala fe para desviar el curso de la investigación. Estaba convencido de que era un homicidio desde el primer día”, asegura Ricardo Saénz, fiscal general de la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, quien aseguró desde un principio que a Nisman lo habían matado. En la mísma línea, Waldo Wolff, diputado nacional que escribió el libro “Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo”, asevera: “Hay varias preguntas sin respuestas, pero está claro que fue un asesinato. Esta premisa no se puede filosofar. Fue un magnicidio de Estado y no hay antecedentes de algo similar en democracia”.

Entrecruzamientos de llamadas y peritajes informáticos podrían ofrecer información acerca de quiénes serían los autores materiales e intelectuales del crimen. También se esperan datos de Instagram en Estados Unidos porque la cuenta del fiscal tuvo actividad durante tres horas de la mañana del 18 de enero cuando, según la autopsia, ya estaba muerto. “Hoy sabemos más que antes”, enfatiza Wolff.

“En el expediente aparecen 87 irregularidades del equipo multidisciplinario forense que intervino en el lugar del hecho: le recortaron la ropa al fiscal, trabajaron sin guantes, realizaron la autopsia sin la presencia de los peritos de parte. No pueden existir tantas irregularidades casuales”, dice Wolff en su libro. Por otro lado, Saenz sostiene: “Me extraña cómo se está demorando la investigación. Creo que faltan muchos años para descubrir a los autores materiales del homicidio”.