Expertos en derecho laboral que sostienen la necesidad de un estado con presencia sostenida en aspectos que incluyen el mundo del trabajo consideraron que de ninguna manera la reforma laboral que tratará el Congreso pueda redundar en la generación de puestos de labor. La coincidencia básica que sostienen parte de la ponderación del empleo como derecho social y por ende que sus variantes no estén regidas solo por la aritmética o economía liberal que imprime el modelo Cambiemos.

“En el caso de que el proyecto se votara tal cual se ha presentado, habría un retroceso enorme para los trabajadores y avances en la precarización”, resumió el abogado Julián Hofele a BAE Negocios.

Según el experto en derecho sindical Carlos Marín la tentación de analizar el desarrollo de un país como consecuencia de su estructura normativa laboral, conlleva a un “razonamiento lineal insostenible”. A criterio del profesional “a todas luces lo que está en juego es la mayor o menor rentabilidad”. El análisis con relación al primer borrador como el texto que se corrigió en parte al compás de las negociaciones del Ejecutivo con la CGT, no concluye en un punto que destacó en las últimas horas el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien dijo que la intención de la Casa Rosada es “generar un ámbito donde se favorezca el acuerdo en lugar del conflicto”.

Sin ingresar al punteo de artículo por artículo pero con foco en la concepción general, a consideración de quienes ofrecieron sus reflexiones a este medio, la fortaleza del capital frente a la defensa que puedan establecer los trabajadores, ofrece un desbalance histórico. “Las normas laborales no son antojadizas, protegen esa falta de equilibrio”, resumió Marín.

Trabajando sobre un paper de análisis, coordinado por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, Matías Maito, Juan Ottaviano y Clarisa Soto, entre otros profesionales, señalaron que el espíritu de la reforma apunta a “erosionar” los derechos individuales “con el riesgo de que en el futuro también le llegará el turno a los derechos colectivos, que en forma escasa trata la reforma”. Para este grupo “con las modificaciones que analizará el Parlamento, se define al trabajo como un bien en el mercado, es decir se lo mercantiliza”.

Sustentan su lectura global en que las reformas laborales con esencia de flexibilización, después de 30 años de implementarse en otras paises en cerca de 100 naciones, “no prosperan en resultados positivos del crecimiento del trabajo o la formalización laboral. En cambio sí se verificó que el debilitamiento de la protección de los trabajadores ofreció un crecimiento innegable de la desigualdad”.

Con ese prisma, Julián Ofele alertó que se encuentran a la vista de quien quiera observar los motivos por los cuales el proyecto debería tener freno en el Congreso. “Urge tomar conciencia de que un paso atrás en materia de estos derechos laborales puede implicar el inicio de un camino que puede ofrecer males de amplia gama pero sobre todo la certeza de que no se generará empleo genuino”.

Tiempos modernos
Al igual que el grupo coordinado por Tomada, los doctores Luis Roa y Matías Cremonte (titular de la Asociación de Laboralistas) no avalan que se pretenda, en pos de las necesidades del siglo XXI de modernizar las regulaciones, sostener como beneficiario de toda modificación a las necesidades de las empresas. “Se afecta la protección del trabajador en una relación asimétrica con los empleadores pero sobremanera al sistema de seguridad social”, destacaron, casi como denomiandor común y en su evaluación los profesionales citados.

Cremonte incluso marcó un asterisco de especial atención respecto del “fondo de desempleo global”. En su apreciación se abre la alternativa de que tales fondos puedean terminar siendo utilizados con “fines especulativos” en el mercado financiero, lo cual imprime una enorme necesidad de prestar atención al tratamiento de la iniciativa en el Congreso.

Otros laboralistas acotan que si el aporte del empleador es bajo, la adopción del sistema implicará una “reducción sustancial para todas las indemnizaciones”. Acotan que tampoco este tópico los sorprende ya que el Gobierno ha tomado como propia la bandera de la supuesta industria del juicio, como freno a la generación de puestos de labor, párrafo y debate aparte para la indignación de los laboralistas.