La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó a los senadores que motorizarán el debate en la Cámara alta, quienes pidieron "votar la ley tal como viene de Diputados".

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Illia del Senado, referentes de organizaciones feministas y diputadas que hicieron posible la media sanción acompañaron a los senadores que conformarán el "task force" cuya misión será la de construir consensos para arrimar los votos que faltan para la aprobación.

Los legisladores presentes manifestaron "preocupación" por los giros que dispuso la vicepresidenta Gabriela Michetti a cuatro comisiones y reclamaron un debate "respetuoso pero rápido".

"Creemos que debe mandarse solamente a dos comisiones. No es cierto que estemos negando el debate. Los que estamos involucrados en este debate escuchamos a las 738 personas que pasaron por Diputados. Por lo tanto, creemos que en el Senado, sin coartarle la palabra a nadie, debemos hacer un debate respetuoso, transversal pero rápido porque creemos que rápidamente hay que tomar medidas para evitar más muertes", dijo la pampeana Norma Durango (Argentina Federal).

La senadora justicialista pidió "votar la ley tal como viene de Diputados" y aclaró que en cualquier caso "si hay alguna modificación que hacer, se puede hacer en la reglamentación", sin necesidad de "retrasar" el proceso.

Durango explicó que la iniciativa "no va a obligar a nadie a practicarse a un aborto, sino que va a permitir que las mujeres que quieran interrumpir un embarazo lo puedan hacer legalmente y acompañadas por un Estado".

Por su parte, la kirchnerista Nancy González enfatizó que existe "preocupación" por los giros resueltos por Michetti, en particular a las comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales, los que calificó de "innecesarios".

Pese a eso, la senadora chubutense encargó a sus asesores un informe que comparó los gastos que le demandaría al Estado hacerse cargo de los abortos contra los que actualmente afronta el sistema público por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

El documento determinó que si el aborto fuera legal y asistido por el Estado habría un ahorro en el sistema público del 50 por ciento, cifra que treparía al 68 por ciento si se impulsara la producción pública de la pastilla de misoprostol.

A su turno, la radical Pamela Verasay defendió la legalización del aborto y sostuvo que "como funcionarios públicos" no es posible "seguir siendo cómplices de algo que esta pasando.

También participaron de la conferencia de prensa el senador del Pro Humberto Schiavoni, y sus pares kirchneristas María de los Ángeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti y María Inés Pilatti Vergara. Acompañaron la actividad los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FpV-PJ), Romina del Plá (PO-FIT), Miguel Bazze, Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato, Marcelo Wechsler (Pro), Cecilia Moreau (FR), Carla Carrizo (Evolución Radical), Nathalia González Seligra (PTS-FIT), Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).

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