El bloque de Evolución en la Legislatura Porteña -fuerza que tiene como máximo dirigente nacional a Martín Lousteau-, presentó un proyecto de ley que pretende devolverle al Estado la "operación del servicio" del subte, dado que el actual esquema de concesión se ha "demostrado ineficiente".

La iniciativa presentada el pasado viernes con motivo del inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura lleva la firma de todos los integrantes del bloque y establece que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) "tendrá a su cargo el desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del subte, su mantenimiento, la operación del servicio y la gestión de los sistemas de control".

En sus considerandos, el proyecto del lousteausismo porteño apunta contra la actual "concesión en la operación y el mantenimiento" ya que, según entienden, "ha resultado en un rotundo fracaso".

"No existen dudas que las grandes falencias en la calidad del servicio se deben a la pésima gestión de la empresa Metrovías, como demostraron los sondeos y encuestas encargadas por Sbase durante 2015, previo a la prórroga que se le otorgó a la empresa. Según esos estudios, el 82% de los usuarios prefiere una operación estatal antes que un sistema de concesión", señalan los diputados.

En ese sentido se recuerda que tras 18 años de concesión, la Legislatura debió declarar "el estado de emergencia del servicio".

Además, se señala que "la gestión estatal" fue predominante en la historia del subte porteño y que es "la tendencia internacional en esta materia", mencionado como ejemplo a los "metros" de ciudades cómo París, Berlín, Londres, Nueva York, Madrid, Barcelona, Roma y Santiago de Chile, redes que se destacan "por su eficiencia, confort, calidad y demás variable".

"El modelo propuesto, a su vez, unificaría los criterios en el manejo del servicio, evitando desfasajes entre las decisiones de Sbase y una operadora que busca la ganancia económica antes que la calidad, seguridad y confort del servicio", disparan los diputados de Evolución. 

Entre otros detalles, el proyecto señala que "en caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, deberán garantizarse servicios mínimos" y que "las organizaciones gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta con dos días de antelación al evento".