En los primeros dos años de gestión del gobierno de Cambiemos se registraron a lo largo de todo el país, 111 hechos represivos en "distintos conflictos socio-laborales", mientras que 354 manifestantes fueron detenidos y otros 328 resultaron heridos, durante ese lapso.

Así se desprende de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dado a conocer ayer.

El documento, que abarca abarca los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2016 y noviembre de 2017, da cuenta de un incremento de "hechos donde las manifestaciones laborales y sociales fueron enfrentadas y reprimidas por fuerzas de seguridad nacionales como provinciales".

Durante el primer año, se registraron 55 casos de represión a manos de fuerzas estatales, mientras que entre enero y noviembre de 2017, se contabilizaron otros 56 casos. Más de la mitad de esos hechos "fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores -formales e informales- (52%)", advierte el informe, el cual señala que el 24% de los casos recayeron sobre "militantes de movimientos sociales".

Otro 14% afectó "a familias en condiciones de vulnerabilidad" y un 6% fue contra pueblos originarios, entre otros Entre las causas que originaron los conflictos que terminaron en represión, figura que un 31,5% de ellos respondieron a protestas originadas por despidos y reclamos salariales, otro 18% a reclamos por alimentos y asistencia "mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública", un 17,1% fue a raíz "de protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo", otro 13,5% se debió a "reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones)".

Mientras que el 5,4% de los casos de represión contra manifestantes fue por reclamos a favor de "la libertad de referentes comunitarios, entre ellos Milagro Sala y Facundo Jones Huala".

El resto de las movilizaciones en las que se reprimió a sus protagonistas tuvieron como causa la protesta por casos de gatillo fácil (3,6%), la aparición con vida de Santiago Maldonado (3,6%), reclamos medioambientales (2,7%) y las protestas contra la violencia machista (1,8%).

Entre sus conclusiones finales, el informe del CEPA advierte que "las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos", fueron responsables del "78% de las personas detenidas" y del "75% de los heridos".

Por su parte, la Gendarmería tuvo intervención "en el 13% de los casos", en "2,5% de las detenciones" y fue responsable del "5% de los heridos". Mientras que cuando actuaron en conjunto la Gendarmería y las policías provinciales, "abordaron el 8% de los casos", participaron en el "2,5% de las detenciones" y fueron responsables del "0,5% de los heridos". Un caso aparte es la actuación de la Policía Federal en el engranaje represivo: Pese a actuar sola "en el 3% de los casos", realizó "el 10% de las detenciones" y fue responsable del "2,5% de los heridos".

Finalmente, en el "3% de los casos" actuaron la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, siendo responsables del "7% de los detenidos" y del "17% de los heridos".

Otros datos significativos son los que dan cuenta que "el 37,8% de los hechos represivos se realizaron" en el marco de "conflictos socio-laborales" que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires y en el distrito porteño.

Mientras que en las provincias del NOA se registraron "el 19,8%" de los casos de violencia estatal. Otro "18%" tuvo lugar en Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos.

Tampoco estuvieron exentas de hechos represivos las provincias de la Patagonia que resgistraron el "16,2% de los casos y, las del NEA con un "4,5%".

Como sintesis, se desprende que hubo un caso represivo cada siete días y un detenido y un herido cada dos.