La diputada oficialista Graciela Ocaña amplió ayer una denuncia que había presentado en 2011 contra Hugo Moyano, a quien acusó de desviar fondos del gremio y de la obra social de Camioneros hacia empresas que están en poder de sus familiares directos.

Ocaña hizo su presentación ante el juez federal Claudio Bonadio a partir de información que dijo haber obtenido de la Inspección General de Justicia, luego de evaluar la integración de los balances de las sociedades Irai SA, Dixey SA, Organización de Seguridad las Marías SA, Selca SRL y Aconra SA, entre otras.

"La documentación que ahora aporto muestra inequívocamente el grosero desvío de fondos pertenecientes a la obra social", sostuvo en la denuncia. "Le hemos pedido al juez que intervenga la obra social porque, pese al crecimiento de las empresas del grupo familiar presenta, desde el punto de vista técnico, una quiebra de $636 millones".

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