El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió ayer que la medida provisional dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de la dirigente social Milagro Sala "es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado nacional" el que cuenta con un plazo que vence "el 15 de diciembre para sustituir la prisión preventiva por la prisión domiciliaria en su residencia habitual, o medidas menos restrictivas a sus derechos".

En el marco de una conferencia de prensa, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, sostuvo que "acá hay una obligación del Estado nacional, si no lo hace es porque no quiere". Por su parte, el director Ejecutivo del organismo, Gastón Chillier, recordó que ya son tres las resoluciones adoptadas en favor de Sala por organismos internacionales de protección de los derechos humanos, incluídas las otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

La resolución "no sólo considera acreditados los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad", sino que "además impone específicamente las acciones adecuadas para dar cumplimiento a la medida cautelar" de la CIDH, subrayó Chillier.

En tanto que tras considerar como "historico" al fallo, la abogada de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que el mismo vino a poner "en su lugar al Estado nacional y hace justicia frente al poder judicial de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene la responsabilidad primaria" y sigue sin resolver "en dos incidentes con dictamen favorable a las peticiones de esta defensa".