Mientras no se resuelve la situación de los 258 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno pagó recientemente 295.000 euros (más de $6 millones) a Tecnalia, un instituto privado de origen vasco, que está encargado de la reestructuración del organismo, y que abarcará la tercerización de controles a los productos industriales.

La información fue confirmada ayer por fuentes del INTI, y se trata del primer pago de una serie de trabajos que Tecnalia efectuará para que los actores privados tengan mayor injerencia en las políticas oficiales, tal como adelantó este medio.

Otras fuentes consultadas puntualizaron que la transferencia a favor de Tecnalia se realizó el 14 de enero mediante la modalidad de un solo pago adelantado por el 100% de los 295.000 euros acordados para la elaboración del plan de reconversión.

Como el pago se concretó en concepto de “diseño”, está previsto que el Gobierno cancele otras tareas conjuntas como monitoreo, capacitación, evaluación y sistematización del expediente. Mientras la crisis por los despidos masivos envuelve al organismo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tercerizará parcialmente hacia un conjunto de laboratorios privados los controles de calidad sobre productos industriales, bajo el argumento de que se necesita un apoyo externo, lo cual podría derivar en un agravamiento de la situación.

Fuentes gubernamentales reiteraron ayer a BAE Negocios que la intención oficial es “ceder la facultad de los controles en ciertas áreas de la industria para que se complementen con el INTI que mantendrá las mismas funciones”. Extraoficialmente, hay entre tres y cinco laboratorios interesados en tener contratos con el Estado para realizar tareas de certificación y homologación, admitieron desde un ministerio.

El año pasado, en una medida que pasó inadvertida, el Gobierno habilitó también el ensayo de laboratorios extranjeros para productos de medición importados, con el argumento de una saturación de tareas en el INTI. El decreto 960/2017, de Simplificación del Sistema Métrico Legal Argentino, estableció que se busca agilizar la aprobación de los instrumentos de medición para favorecer la creación de empleo y el cuidado del consumidor. Y agregó que a fin de seguir cuidando al consumidor pero sin generar trabas innecesarias, se permitirá que la Secretaría de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de universidades, por ejemplo) o privados para realizar los estudios.