Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia. La jueza Zunilda Niremperger dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez.
Ayala tenía previsto fundamentar su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones ayer a la mañana pero no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada. No obstante, su abogados defensores, encabezados por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.
La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.
La diputada nacional está imputada por "haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios".
Las investigaciones judiciales apuntan a la empresa Pimp SA, encargada de la recolección de residuos en Resistencia, caso en el que su actual intendente, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger.
En relación con esta causa están ya detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar.
Natalia Martínez se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria por haber sido madre recientemente.