En los últimos días la justicia federal concedió una serie de prisiones domiciliarias a represores condenados por crímenes de lesa humanidad lo que generó conmoción en los organismos de derechos humanos desde donde advirtieron que agotaran "todas las instancias" para que se reviertan estas medidas.

Al beneficio concedido por el Tribunal Oral Federal Nº 6 al ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la pasada dictadura militar, Miguel Etchecolatz, con seis condenas en su haber, se le sumaron en los últimos días los nombres de Rafael Manuel Barreiro, Carlos Faraldo y Alberto Silveira Escamendi.

En el caso de Barreiro, un ex militar condenado a prisión perpetua por desapariciones, secuestros y torturas cometidas en el ámbito del ex Regimiento 9 de Corrientes, la resolución firmada por el juez del tribunal en feria, Fermín Ceroleni, le concedió la domiciliaria a raíz de padecer un carcinoma.

Por su parte, Faraldo, un civil con dos condenas a 25 años de prisión en su haber, recibió el beneficio luego de haber cumplido los 60 años de edad.

Mientras que Silveira, otro ex militar condenado a 25 años de prisión por una serie de desapariciones ocurridas en Goya, fue beneficiado con igual medida por padecer una afección que le impediría movilizar sus manos.

Montada en esa misma ola, la justicia tucumana benefició en diciembre con la detención domiciliaria al coronel retirado, Roberto Edgardo Gordillo, procesado como coautor penalmente responsable de tormento agravado, asociación ilícita, torturas seguida de muerte y homicidio calificado en contra de 27 personas.

También el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero se sumó el viernes a la catarata de prisiones domiciliarias al beneficiar con esa medida al ex jefe de Inteligencia de la Policía de esa provincia, Antonio Musa Azar.

Al otrora hombre fuerte de la "Gestapo santiagueña" de 81 años, quien cumple cuatro condenas a prisión perpetua, se le concedió el beneficio ante presuntos problemas de salud que estarían originados en una diabetes y una afección cardíaca.

Un informe dado conocer días atrás por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad determinó que en 2017 de los 1038 represores detenidos, 549 de ellos se vieron beneficiados con la prisión domiciliaria.

Ese hecho, sumado a los benficios concedidos a Etchecolatz y Musa Azar, dos de los más emblemáticos personeros del accionar represivo durante la pasada dictadura cívico-militar, generó conmoción en los organismos de derechos humanos, desde donde salieron a cuestionar la decisiones judiciales.

"Esta lluvia de domiciliarias nos generan un profundo repudio porque en particular los sobrevivientes de los centros clandestinos hemos entregado vida y alma luchando contra la impunidad", dijo el sobreviviente de la ESMA, Carlos Lordkipanidse.

El integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos ve detrás de estas medidas la mano del Gobierno de Cambiemos, pero también "del anterior gobierno" ya que "la mitad de esos beneficios fueron concedidos durante el kirchnerismo".

Por su parte, Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora dijo respecto a la domiciliaria a Etchecolatz que harán todo "lo posible para que se revierta".

"Es un disparate, indigna, es una cachetada que se le da al pueblo" agregó Cortiñas quien consideró que "se deteriora la imagen internacional de la Argentina con estos actos de impunidad".

"La pena es un instrumento de reconciliación, entonces si no se cumple la pena se genera impunidad", dijo finalmente el Procurador General para Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat, quien consideró que en su momento la prisión domiciliaria "fue una mala experiencia, ya que los detenidos -controlados por el Patronato de Liberados-, recuperaban su libertad e iban al supermercado y salián a pasear, lo que razonablemente fue viso como un salto de impunidad, y eso, la sociedad argentina no lo puede permitir".