Productores agrupados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) empezaron esta semana la resistencia para que el gobierno de María Eugenia Vidal de marcha atrás con la suba del 50% en el inmobiliario rural que entrará en vigencia en 2018. El alza servirá para cubrir en parte la reducción a los sellos e ingresos brutos, éste último no beneficia a las pymes agropecuarias.

Ayer los hombres del campo mantuvieron reuniones entre La Plata y Buenos Aires, para explicar tanto a legisladores como funcionarios su rechazo por el “impuestazo” que significará que salga del bolsillo de los productores $2.400 millones en auxilio por los $10.000 millones que dejarán de entrar para el próximo año.

“Lo que estamos planteando es un aumento más cercano a la inflación o no más del 30% y tener el mismo trato con las pymes industriales”, señaló el presidente de Carbap, Matías De Velazco. Sucede que el proyecto de reforma impositiva sostiene que no pagaran ingresos brutos las pymes industriales que facturen hasta $78 millones mientras que para las pymes rurales es a partir de los $3 millones. Claramente hay marcada diferencia por parte del gobierno bonaerense a favor de un sector en desmedro del otro.

De Velazco pidió que se eleve al menos hasta los $19 millones y también que “se mantenga el diferencial de sellado para el lugar donde se genere la mercadería”. La propuesta reduce el sellado del 1,75% al 1,05 por ciento.

Los reclamos fueron trasladados tanto a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial donde fueron recibidos por legisladores de Cambiemos, Frente Renovador, FPV y también por el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis y el vice gobernador, Daniel Salvador.

Sin embargo y más allá que la semana que viene habrá en Pergamino una asamblea a donde quince rurales se darán cita para determinar los pasos a seguir. El titular de Carbap descartó de plano la salida de los productores a las rutas como sucedió en el 2012 cuando el entonces gobernador Daniel Scioli, busco su aprobación.

En ese momento los integrantes de la Mesa de Enlace no sólo amenazaron con un paro nacional sino que llegaron hasta las Legislatura a donde se iba a tratar el aumento, pero que a partir de la protesta desistieron la medida.

Diversos productores consultados reconocieron que hay “enojo” y un “perjuicio” contra el sector, pero lejos está el “descontento”. Ni hablar de la demora en la salida de las declaraciones de emergencia frente a los campos inundados. Pese a todo esto, volvieron a demostrar su confianza en las urnas.

  • Beneficio para productores

El presidente Mauricio Macri está impulsando un proyecto de ley que permitiría a los agricultores recuperar el dinero destinado a las compras de fertilizantes.

La legislación propuesta haría que los costos de los fertilizantes se deduzcan de los impuestos, un incentivo para cultivar maíz, uno de los cultivos más intensivos en el uso de fertilizantes, dijo el subsecretario de Agricultura, Luis M. Urriza, durante una entrevista la semana pasada en Buenos Aires. El kirchnerismo impulsó una norma parecida hasta el año 2015.

El gobierno busca así alentar la siembra de maíz para evitar una excesiva dependencia de la soja, dijo Urriza. Se espera que la siembra de soja en Argentina aumente en los próximos años a medida que el gobierno rebaja un impuesto a las exportaciones de la oleaginosa. Demasiada plantación podría arriesgar la creación de un monocultivo y con ello generar problemas ambientales, agregó.

Otras prioridades hasta 2020 incluyen simplificar la burocracia, ampliar el riego en 4,8 millones de hectáreas (11,9 millones de acres) y aprobar un proyecto de ley muy esperado para garantizar el pago de regalías a las empresas de semillas para fomentar las inversiones.