Los bloques del FpV-PJ y el Peronismo para la Victoria por un lado y del FIT, por el otro, presentaron ayer sendos proyectos de ley que apuntan a derogar el Decreto Nº 683/18 dictado por el gobierno del presidente Mauricio Macri y mediante el cual se les permite a las Fuerzas Armadas el realizar tareas que incluyen la "colaboración" en tareas de "seguridad interior".

Entre los fundamentos de la iniciativa que fuera impulsada por el titular del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, se afirma que el presidente Macri "a través de un simple decreto reglamentario intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática" y rediseñado "a partir de un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles".

Los diputados señalan que con esta medida el gobierno intenta legitimar la intervención militar en las llamadas "nuevas amenazas", como el narcotráfico y el terrorismo, lo cual resulta "absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley", en este caso la de Seguridad Interior 24.059, que entre otras cuestiones, establece los excepcionales supuestos en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir.

El texto de cuatro páginas que además lleva las firmas de los diputados Cristina Alvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo De Pedro, Horacio Pietragalla, Mónica Macha por el FpV-PJ y de Lucila De Ponti por el Peronismo para la Victoria, advierte además, que también debería ser necesario modificar también la Ley de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, "lo que obligaría al gobierno a pasar por el Congreso de la Nación a fin de lograr los consensos necesarios que, a nuestro criterio, no posee".

Rossi señaló que el "otorgarle a las Fuerzas Armadas la facultad de intervención en la seguridad interna va contra la Constitución y las leyes" y agregó que esa medida fue "un rotundo fracaso en los pocos países de América y de Europa donde se aplicó".

Por su parte, la iniciativa presentada por el FIT además de buscar derogar el decreto 683/2018, realiza un "pedido de informes para que el Ministerio de Defensa diga cuántos integrantes de las tres fuerzas que provienen de la dictadura siguen en funciones en la actualidad".

"Ya en 2014 en un pedido de informe que le formulamos al entonces Jefe de Gabinete arrojó números escandalosos: aun miles de efectivos que actuaron durante la última dictadura cumplen funciones en las fuerzas represivas", afirmó el diputado Nicolás del Caño, quien consideró que "en los altos mandos hay cientos de militares que participaron del genocidio; Milani no era una excepción".

Por su parte, la legisladora porteña Myriam Bregman dijo que "queda claro que tras el eufemismo de objetivos estratégicos´esconden qué es lo que quieren salvaguardar con las Fuerzas Armadas al mando: no quieren protestas en las calles, ni frente a las multinacionales, ni allí donde consuman el saqueo a nuestros recursos naturales a costa de la represión a los pueblos originarios".

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