La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación bonaerense y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en una audiencia mantenida con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) le solicitaron que tome medidas "que son necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal provincial".
El pedido se fundamentó luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal reconociera ante ese máximo tribunal de justicia de la provincia la existencia de una sobrepoblación de 10 mil personas en su sistema penitenciario, sin contar a los alojados en comisarias.
La audiencia con la Corte en el marco del expediente de seguimiento originado por ese tema, tuvo lugar el 11 de julio pasado, ocasión en la que los organismos y la Defensoría le solicitaron a ese máximo tribunal de justicia provincial, que "genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, dictada por ese mismo tribunal en diciembre de 2015 e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles o degradantes que se registran en el sistema de encierro".
Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías.
