El pedido de desafuero contra la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa en la que se encuentra procesada a raíz de la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, quedó herido de muerte merced a la resolución del Tribunal Oral Federal Nº 8 (TOF 8) que el sábado último dispuso la liberación del ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y del dirigente piquetero Luis D'Elía.

Así lo expresó a este diario Roberto Boico, abogado de la ex mandataria, quien subrayó que la medida judicial "torna" abstracta la pretensión de Cambiemos de desaforar a su clienta a los fines de dar cumplimiento al pedido de prisión preventiva que pesa en su contra.

"Entendemos que la resolución que tomó el TOF 8 convierte en abstracto cualquier pedido de desafuero en el Senado, por lo que en principio, no hay ninguna medida judicial que tengamos que hacer" explicó el letrado, quien agregó que la discusión abierta en la Cámara alta "debería cerrarse automáticamente por haberse esfumado los presupuestos que algunos tomaron para dar inicio al pedido contra Cristina".

Boico explicó que incluso el procesamiento contra la senadora "aún no está firme porque el viernes pasado hemos presentado un recurso ante la Corte Suprema" y consideró a la causa "como un disparate, porque no hay ningún presupuesto delictivo que amerite una investigación".

El expediente en que se encuentra involucrada la ex jefa de Estado tuvo su origen en una denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman quien sostuvo que el tratado de Argentina con Irán se habría realizado como contrapartida a una supuesta reactivación de acuerdos comerciales entre ambos países. Para tal fin, debían desactivarse las alertas de detención de Interpol contra los ciudadanos de origen persa presuntamente involucrados en el atentado contra la AMIA.

"La causa es un disparate porque no hay ningún presupuesto delictivo que amerite una investigación" explicó Boico y "porque el Memorándum es un instrumento normativo previsto expresamente en la Constitución como una facultad del Poder Ejecutivo con participación del Legislativo, para la aprobación de los tratados y segundo, porque no ha sido de ninguna manera una facilitación para ninguna baja de las alertas rojas, lo que no era posible por la vía del memorándum hacerlo".

En el marco de esta misma causa -elevada a juicio oral a principios de este mes por el juez feredal Claudio Bonadio-, el dirigente islámico Jorge Khalil y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, ambos imputados y detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, respectivamente, solicitaron el beneficio de la excarcelación.

De concretrarse esa medida, los doce involucrados en el expediente, entre los que también figuran el ex canciller Héctor Timerman, el ex Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, aguardarían el inicio del juicio oral en libertad.

La resolución del TOF 8 integrado por Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez en base al dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, que benfició a Zannini y D'Elía, vino a ponerle fin al festival de prisiones preventivas disctadas en los últimos dos años contra ex funcionarios o allegados al gobierno anterior.

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