El clima social no está pasando por el mejor momento. Desde los movimientos sociales, planifican un programa de lucha que comenzará con mil ollas populares frente a supermercados. Ante la advertencia de las organizaciones CTEP, CCC y Barrios de Pie, el Gobierno activó una mesa de diálogo mañana a las 10 en el ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, quien no los recibe desde septiembre del año pasado.

Como previa al Día de San Cayetano -7 de agosto- el patrono del pan y el trabajo, los grupos sociales llevarán una larga lista de reclamos "urgentes" y dependerá de la respuesta oficial si desactivan o no el plan de lucha programado para el jueves. "Todo se verá de acuerdo a como avance el diálogo. Si es solo diálogo o diálogo con respuestas concretas", confiaron a BAE Negocios desde las organizaciones sociales sobre las perspectivas. A cada encuentro con el Gobierno siempre asistió un representante del sector de la Pastoral Social como mediador. Hoy la Iglesia se encuentra distanciada de la Casa Rosada por su postura ante la legalización del aborto. "No está confirmada la presencia de la Iglesia", confiaron desde un sector que asistirá a la cita.

El punteo de pedidos es conocido públicamente, pero irán con la expectativa de avanzar en temas cruciales ante la preocupación del aumento de la pobreza. Las demandas incluyen 35% de aumento en la Asignación Universal por Hijo (hoy en $1.578) y planes sociales; que el 25% del presupuesto de la obra pública sea para dar trabajo a los cooperativistas; el mantenimiento del Monotributo Social Agropecuario; y el avance de cinco leyes. Desde la cartera que conduce Stanley aseguran que está prevista una compensación para los planes sociales y la AUH, pero no dejaron trascender el porcentaje. Es una medida que tiene en carpeta el ministerio pero que esperó hasta tensar la cuerda con los movimientos para citarlo con una propuesta.

Los movimientos reclaman la sanción de varias normas. Una de ellas va a tener tratamiento esta semana en la Cámara de Diputados relacionada con la urbanización de los barrios populares. "Es un proyecto que se lo apropió el Gobierno pero surgió desde las organizaciones con el fin de que se puede lograr un certificado de dominio de la propiedad y que los barrios tengan los servicios públicos básicos", destacaron desde la CTEP. La Emergencia Alimentaria es otro de los principales reclamos, un proyecto que fue presentado el año pasado en el Congreso y que todavía no se trató ni en comisión. También se suma la Emergencia en Adicción, pedido por la Pastoral Social ante el crecimiento del narcomenudeo en los barrios pobres; la ampliación del programa Tierra- Techo y Trabajo, y la Agricultura familiar a través del monotributo social.

La reunión llegó el fin de semana a través de una comunicación con los secretarios generales del trío de la economía popular, luego de que el viernes pasado lanzaron una comunicado de "alerta por la situación social". "Hay menos trabajo y menos changas. No alcanza para comer", resaltaron las organizaciones que también reclaman una "política de precios" para la canasta básica de alimentos.

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