Los productores de zapatos argentinos temen convertirse en el primer grupo del sector productivo local en retornar a los niveles de actividad que destruyeron la industria en el proceso de la década del 90. La importación sin límites de calzados podría acelerar el achicamiento de los 75.000 puestos de trabajo que emplea de manera directa e indirecta el rubro; el cierre definitivo de centenares de las más de dos mil fábricas que aún funciona en el país; y un incalculable incremento del empleo no registrado.

Un informe producido por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) alertó por el crecimiento desmedido del ingreso de calzados del exterior. Sólo en el primer trimestre de este año creció 36% la importación en comparación con el mismo período del 2017, cuando ya las puertas anchas de la Aduana argentina habían registrado un incremento del 27% en relación con el 2016. De mantenerse la inercia, el record se alcanzaría en los próximos meses, con consecuencias aún insondables, según los empresarios del sector.

La crisis de la industria del Calzado se instaló con fuerza en el seno de la UIA, y el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, lo planteó con énfasis en la reunión que mantuvo con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, durante la semana pasada. El Gobierno había desconocido la posibilidad de poner en marcha una mesa sectorial porque, según dejaron trascender a varios dirigentes, no es prioridad en la agenda productiva nacional, a diferencia de la elaboración de cerveza artesanal, por caso.

De acuerdo a los números formales, en 1991 se produjeron 91,42 millones de pares y la importación no alcanzaba los 9.000.000 de pares, con un consumo aparente de 96.000.000. A medida que avanzó la economía neoliberal de los 90 se fue incrementando el ingreso de zapatos y zapatillas al mercado local, con un declive constante que tocó fondo en el 2001, con 36,46 millones de pares argentinos, casi 25.000.000 importados y un mercado interno que se derrumbó a los 60 millones de pares.

Si bien en el 2002 la crisis del consumo generó la venta de apenas 48.500.000 pares, no llegaron a ser cuatro millones los productos provenientes del exterior. El resto fue, todo, producción nacional. Allí el índice mostró una curva ascendente en consumo, con el pico de 147.000.000 pares de zapatos vendidos durante 2015, de los cuales 125.000.000 fueron hechos en las fábricas argentinas, y poco más de 22.500.000 ingresaron de mercados internacionales.

Lejos de un cierre total de fronteras, en el 2015 se vio uno de los picos de importación aunque en proporción con el aumento de las ventas. Durante todo el proceso de los 15 años entre 1991 y 2016, fue en 2008 cuando se había alcanzado el record de calzado importado, con 31,11 millones de pares. Pero esa marca perdió es “triste” batalla importadora el año pasado, cuando ingresaron 34.500.000 pares del exterior (27% contra 2016), con una producción en descenso 100 millones de pares (-10% en comparación interanual).

“Considerando las importaciones, se evidencia nuevamente el cambio de la tendencia creciente que se verificó durante la década del 90. En particular, es notoria la brusca caída del 85% en el 2002, causada por la profunda crisis económica y la devaluación post-convertibilidad. Esta caída se revierte en los años posteriores, llegando a su punto más alto en 2008 con el ingreso de más de 31 millones de pares, mientras que en 2016, la cifra alcanzó los 27,3 millones de pares con un crecimiento del 22% respecto a igual período de 2015”, enfatizó el informe del CIC al que tuvo acceso BAE Negocios.

La industria del calzado argentina cuenta con la ventaja competitiva del abastecimiento local de su principal materia prima, el cuero, que “se distingue por su calidad a nivel internacional debida a la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres y a la mano de obra calificada”. Aún así, hay funcionarios del Gobierno nacional que dejaron entrever que los sectores que participaron de la llamada “fiesta populista del consumo” en la era kirchnerista deberán replantear sus negocios.

Será, si ese pensamiento prima en la cadena de decisiones en la administración central, un actor menos para revertir el desbalance comercial que sufre la Argentina, que puso en duda la inversión en sectores productivos a pesar de la meta del Gobierno de mostrar un mercado local apto para generar negocios de alto consumo.

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